La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de Ley de Contrataciones Públicas que refuerza las sanciones para funcionarios y servidores públicos que cometan irregularidades en las compras del Estado.
Este proyecto introduce penas de prisión para quienes infrinjan las prohibiciones legales, incluyendo a legisladores y servidores públicos que negocien con el Estado, así como a ciudadanos que actúen corruptamente en estos procesos.
Tras meses de estudio por una comisión especial, el proyecto incorpora un título penal que especifica las consecuencias judiciales para quienes falsifiquen información, se beneficien de contratos prohibidos o incurran en tráfico de influencias.
Por ejemplo, el artículo 234 del proyecto impone penas de dos a cinco años de cárcel para funcionarios y legisladores involucrados en negocios y contratos con el Estado.
Además, se proponen multas de entre 20 y 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante al menos cinco años para quienes violen la ley.
Fuente: El Testigo
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