, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores. Con la medida de coerción ya impuesta, el proceso judicial continuará mientras el Ministerio Público amplía la investigación para determinar la magnitud del fraude. Durante la audiencia, la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, junto a la fiscal Margaret Cabrera Morillo, afirmaron que seguirán incorporando nuevas pruebas para fortalecer el caso y asegurar justicia para las víctimas. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha impuesto una garantía económica de RD$4 millones a Gustavo Alexander Rodríguez Monzón, acusado de estafa y abuso de confianza mediante medios electrónicos. Además, se le ha ordenado presentarse regularmente ante el Ministerio Público y se le ha prohibido salir del país sin autorización judicial. Rodríguez Monzón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas mientras intentaba salir del país, en el marco de una investigación que lo vincula a un esquema fraudulento de inversiones digitales.
Según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, entre 2022 y 2024, Rodríguez Monzón se hacía pasar por corredor de valores sin autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores. Ofrecía inversiones digitales supuestamente seguras y reguladas, logrando captar más de RD$5.5 millones y US$41,000 de más de cinco personas, quienes confiaron en su servicio.
El juez Rigoberto Sena aceptó la acusación del Ministerio Público, que alega que Rodríguez Monzón violó el artículo 405 del Código Penal (abuso de confianza), el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores. Con la medida de coerción ya impuesta, el proceso judicial continuará mientras el Ministerio Público amplía la investigación para determinar la magnitud del fraude.
Durante la audiencia, la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, junto a la fiscal Margaret Cabrera Morillo, afirmaron que seguirán incorporando nuevas pruebas para fortalecer el caso y asegurar justicia para las víctimas.
Fuente: El Testigo
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