En política y en la gestión pública hay una verdad que resulta incómoda, pero innegable: quien metió la mano en el erario una vez, lo volverá a hacer. No se trata de falta de oportunidades ni de descuidos, sino de mañas cultivadas, de hábitos que se convierten en parte del carácter. Y como dice el viejo refrán: hombre viejo no cambia.
El problema es que en nuestro país se ha normalizado reciclar figuras cuestionadas, trasladándolas de un cargo a otro, como si el simple cambio de escritorio bastara para purificarlas. Peor aún: muchas veces se les entrega nuevamente el control de presupuestos públicos, bajo la ingenua o cómplice creencia de que esta vez sí actuarán con rectitud. Pero las mañas no se lavan, se arrastran.
El manejo del dinero público exige confianza y transparencia. Un funcionario señalado por irregularidades en el pasado no debería, bajo ninguna circunstancia, volver a administrar fondos estatales. No es un castigo perpetuo, es una medida de sentido común: se protege al Estado de la reincidencia y se envía un mensaje claro a la sociedad de que la corrupción tiene consecuencias reales.
La democracia no puede sostenerse si se le asigna el mismo juego de llaves a quienes ya han demostrado forzar cerraduras. No es cuestión de revancha, sino de preservar lo poco que queda de credibilidad institucional. Porque mientras los mañosos sigan rotando de oficina en oficina, la desconfianza ciudadana seguirá creciendo y la corrupción continuará enquistada.
Al final, la pregunta es simple: ¿confiaríamos nuestro propio dinero a alguien que ya nos lo robó una vez? Si la respuesta es no, ¿por qué deberíamos permitir que vuelvan a poner las manos en el presupuesto nacional?
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