 ha expresado su preocupación sobre el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) que se está revisando en la Cámara de Diputados. Según FINJUS, algunas disposiciones del proyecto podrían debilitar garantías fundamentales, aumentar el poder del Ministerio Público y dar más discrecionalidad a los jueces, lo que contraviene la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos. Un punto crítico es el artículo 238, que amplía de tres a ocho los casos en los que se puede imponer prisión preventiva. Esto podría convertir la prisión preventiva en una medida casi automática y ordinaria, erosionando su carácter de 'último recurso' y violando el principio de proporcionalidad del artículo 40.9 de la Constitución. FINJUS también critica el artículo 196, que extiende la duración de las interceptaciones telefónicas de 60 a 90 días y permite su renovación indefinida, eliminando la restricción a delitos graves. Esto podría vulnerar el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, protegidos por el artículo 44 de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, los artículos 146, 151 y 377 sustituyen plazos fijos por un 'plazo razonable', permitiendo que el proceso penal se extienda hasta seis años. FINJUS advierte que esto podría justificar demoras bajo el pretexto de la complejidad del caso. El informe también señala que el proyecto reduce los controles judiciales sobre las decisiones del Ministerio Público, especialmente en los artículos 273 y 285, al eliminar la posibilidad de ordenar un nuevo juicio, lo que viola el principio del doble grado de jurisdicción. FINJUS solicita al presidente de la Cámara de Diputados que facilite un diálogo técnico con la comisión que estudia el proyecto para discutir mejoras. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha expresado su preocupación sobre el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) que se está revisando en la Cámara de Diputados. Según FINJUS, algunas disposiciones del proyecto podrían debilitar garantías fundamentales, aumentar el poder del Ministerio Público y dar más discrecionalidad a los jueces, lo que contraviene la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos.
Un punto crítico es el artículo 238, que amplía de tres a ocho los casos en los que se puede imponer prisión preventiva. Esto podría convertir la prisión preventiva en una medida casi automática y ordinaria, erosionando su carácter de 'último recurso' y violando el principio de proporcionalidad del artículo 40.9 de la Constitución.
FINJUS también critica el artículo 196, que extiende la duración de las interceptaciones telefónicas de 60 a 90 días y permite su renovación indefinida, eliminando la restricción a delitos graves. Esto podría vulnerar el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, protegidos por el artículo 44 de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, los artículos 146, 151 y 377 sustituyen plazos fijos por un 'plazo razonable', permitiendo que el proceso penal se extienda hasta seis años. FINJUS advierte que esto podría justificar demoras bajo el pretexto de la complejidad del caso.
El informe también señala que el proyecto reduce los controles judiciales sobre las decisiones del Ministerio Público, especialmente en los artículos 273 y 285, al eliminar la posibilidad de ordenar un nuevo juicio, lo que viola el principio del doble grado de jurisdicción.
FINJUS solicita al presidente de la Cámara de Diputados que facilite un diálogo técnico con la comisión que estudia el proyecto para discutir mejoras.
Fuente: El Testigo
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