Se han establecido nuevas medidas en Estados Unidos que restringen las solicitudes de asilo para aquellos que cruzan de manera irregular la frontera con México. Estas medidas también se aplicarán en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, los dos territorios en el Caribe de Estados Unidos.
Según un alto funcionario estadounidense, estas restricciones se aplicarán, con algunas excepciones, a las personas que crucen de manera irregular la frontera sur, incluyendo las terrestres del suroeste y las costeras del sur. Los controles abarcarán la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, así como las fronteras costeras del sur, incluyendo las de Puerto Rico y las Islas Vírgenes", detalló Blas Núñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional para política fronteriza e inmigración.
Esto significa que los migrantes, principalmente dominicanos y haitianos, que viajen a estos territorios, especialmente a Puerto Rico, podrían enfrentar órdenes de deportación y entrevistas más rigurosas para demostrar un temor creíble. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad fronteriza y entrarán en vigor inmediatamente.
Las nuevas políticas implementadas por la Administración Biden-Harris buscan reducir la cantidad de cruces irregulares en la frontera sur. El presidente Joe Biden ha emitido una proclamación suspendiendo temporalmente la entrada de no ciudadanos a través de la frontera sur, junto con una regla conjunta que restringe la elegibilidad de asilo para aquellos que ingresen de manera irregular al país. Además, se limitan las pruebas de miedo y se eleva el estándar de evaluación en las entrevistas de asilo en Estados Unidos.
Se espera que estas medidas agilicen el proceso de expulsión de personas que no tienen base legal para permanecer en el país. Existen excepciones para residentes permanentes legales, niños no acompañados, víctimas de trata, y aquellos con visas válidas u otros permisos legales de ingreso.
Los inmigrantes que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos podrían ser expulsados de inmediato y enfrentar una prohibición de reingreso de al menos cinco años, junto con posibles cargos penales.
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