La aprobación del proyecto de ley que modifica el Código Penal marcó una división ideológica que mantiene enfrentados a los legisladores, la sociedad civil y actores del Gobierno por varios puntos conflictivos, mientras que el liderazgo del Congreso defiende la prisa con que se ha votado la pieza.
Las voces a nivel congresual están divididas por corrientes políticas que aspiran a convertir en ley el proyecto argumentando que es tiempo de contar con una legislación moderna y por otro lado están quienes abogan por no sancionar la pieza que consideran violenta derechos fundamentales.
Los sectores liberales condenan el proyecto porque excluye la orientación sexual como causa de discriminación, no considera violación sexual las relaciones íntimas no consentidas dentro del matrimonio y establece que debe haber penetración para considerarse una violación sexual.
También se ha criticado la creación de las jurisdicciones militares, la penalización del aborto, la violencia usada como método de disciplina a los niños y la prescripción de la corrupción.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió ayer la aprobación rápida del proyecto del Código Penal asegurando que la normativa judicial actual “es muy vieja” para responder a los cambios que ha tenido la sociedad.
Afirmó que revisará cualquier cambio que introduzca la Cámara de Diputados al proyecto para garantizar que este sea enviado al Poder Ejecutivo antes del 25 de julio, que es cuando concluye la legislatura de trabajo en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estuvo de acuerdo en que el proyecto “debe llevarse sin prisa”, a pesar de que fue aprobado en primera lectura sin estudiarlo.
“Están en su derecho”
Antes de encabezar una sesión de trabajo en la Cámara Baja, Pacheco aseguró que existe un consenso entre todas las bancadas políticas para conformar una comisión especial de diputados que se encargue de revisar el proyecto antes de someterlo para su aprobación final.
Todo el proceso que conlleva el estudio en comisiones, las posibles modificaciones y una consulta pública se haría antes del 25 de julio, cuando concluye la actual legislatura. En ese momento comenzará una pausa hasta que los nuevos legisladores tomen posesión el 16 de agosto.
Acerca de las críticas en torno al proyecto que han externado sectores feministas, el legislador perremeísta destacó que todas las organizaciones “están en su derecho” de emitir cualquier opinión.
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Fuente: Diario Libre
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