Según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam y Aurix, alquiló un avión privado para traer a Jörg Brinkmeyer, dueño de Globe-UAV GMBH, a República Dominicana para instalar plataformas de drones y software. Sin embargo, surgió un conflicto cuando Gómez se negó a pagar por los servicios y dejó varados a Brinkmeyer y su equipo en el país durante la pandemia de COVID-19.
En abril y mayo de 2020, Gómez compró vehículos aéreos no tripulados para monitorear las elecciones de ese año. Para ello, contactó a Brinkmeyer y adquirió varios equipos y software por un valor total de €559,745.75. El transporte de estos equipos desde Alemania fue complicado debido a las restricciones por la pandemia, por lo que Gómez envió un avión privado para recoger a Brinkmeyer y su equipo.
Una vez en República Dominicana, los técnicos realizaron pruebas de los equipos, pero el conflicto surgió cuando Gómez se negó a completar el pago, dejando a Brinkmeyer y su equipo sin transporte de regreso. Finalmente, lograron regresar a Alemania el 2 de julio de 2020 en un vuelo comercial.
Los fiscales alegan que Gómez realizó varios pagos, pero aún adeuda €348,475.61. Además, los equipos ingresaron al país sin ser declarados ante la Dirección General de Aduanas, lo que constituye contrabando y comercio ilícito. Tampoco se encontraron registros de permisos para el uso de estas aeronaves, lo que agrava la situación legal de Gómez.
Fuente: Listín Diario
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