Desde el 2 de octubre, los agricultores dominicanos que dependen del trabajo de los inmigrantes haitianos para su producción están bajo incertidumbre tras el plan de deportaciones semanales que ejecuta el Gobierno, una problemática en la que el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Migración comparten posturas opuestas para resolverla en el corto plazo.
“Si tú te comes un huevo, si tú te bebes un litro de leche, si tú consumes una libra de carne, si te comes un plátano, si te comes un guineo, si compras ajo, si compras cebolla… todo lo que usted va a comprar en un colmado y es producido en la República Dominicana, detrás de eso, hay una mano de obra extranjera”, enfatizó el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Mao, Marcos Rodríguez, para ilustrar el panorama.
La mayoría de estos trabajadores están en condiciones irregulares, una situación que reconoce el ministro de Agricultura, Limber Cruz –quien ha expresado públicamente que él mismo ha empleado a hatianos sin documentos para trabajar en su finca de plátanos–.
Hace 10 días, Cruz formó parte de una reunión de ministros encabezada por el presidente Luis Abinader, y en la que dijo que estuvo presente el director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.
“Tú conoces mi posición: yo he dicho que hay que buscar medidas prácticas, sobre todo, con aquellos empleados que son fijos, que tienen ya tiempo en finca o en cualquier actividad, y que van diariamente por años a esta actividad. Se puede empezar con esa gente a hacerse un carné y, aunque no son legales, ya están identificados”, manifestó Cruz a Diario Libre tras indicar que, si bien el Gobierno no ha creado una comisión para tratar este tema, sí sostendrá “reuniones periódicas hasta llevar la situación a su mínima expresión”.
El funcionario se refiere a la emisión de un carné de identificación, que reúna los detalles más importantes del trabajador inmigrante: su nombre completo, dónde trabaja, con quién trabaja y en qué actividad agropecuaria se desempeña.
Esta propuesta fue desestimada por el director general de Migración, quien afirmó que trabajadores inmigrantes deben acogerse a las vías ordinarias–solicitando un permiso de trabajo temporal (TT-1)–, si quieren evitar ser repatriados o deportados.
“Lo único que estamos abocando aquí es que se cumpla con la Ley General de Migración. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a rendir. Si las personas tienen sustento legal para iniciar esos procesos, nosotros los revisaríamos; si no tiene sustento para cumplir con la ley, entonces ya eso es un asunto diferente”.
Así respondió Lee Ballester a una pregunta de la prensa al respecto, durante una reunión sostenida con arroceros y bananeros en el municipio de Mao, provincia Valverde, el viernes pasado.
Explicó que, para que un trabajador haitiano se regularice, debe de haber ingresado de manera legal al territorio nacional y, una vez en el país, iniciar el proceso de conformidad que establece la ley.
“Todos aquellos que sean sorprendidos de manera irregular y que hayan entrado de manera irregular al territorio, van a ser sujetos al programa de repatriación que estamos llevando a cabo”, zanjó.
Deportaciones y repatriaciones
Hasta el 29 de octubre, las autoridades migratorias han reconducido a 37,985 nacionales haitianos desde que se tomó la medida, en la que el Gobierno anunció el plan de deportar a 10,000 haitianos semanalmente.
De ese total, 23,745 fueron deportados –devueltos tras ser detenidos y depurados por las autoridades migratorias– y 14,420 fueron repatriados –detenidos y devueltos por carecer de documentos–.
Diario Libre solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) la cantidad de haitianos que han sido interdictados en municipios o provincias de vocación agrícola, pero su departamento de comunicaciones informó que carecían de los datos segmentados por localidad.
Asimismo, solicitó una respuesta de su titular sobre las detenciones de inmigrantes haitianos en labores agrícolas, pero la entidad no había respondido al cierre de esta entrega informativa.
Una alternativa ya implementada por algunos sectores
La falta de documentación vigente provista desde Haití a sus nacionales en el exterior es una de las principales limitaciones al momento de regularizarse en el país, sumado a los atrasos –de hasta varios años– para la renovación de un permiso de trabajo–vigente por un tiempo máximo de un año–, una vez conseguido.
Por estas razones, sectores como el bananero han emitido sus propios carnés para identificar a sus trabajadores. La Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano) tiene a 15,800 trabajadores haitianos con este carné, que contiene todas las informaciones generales sobre el trabajador y su empleador, encriptadas en un código QR.
Al ser solo un documento identificativo de una empresa, las autoridades de Migración, la Policía y el Ejército igual detienen a los trabajadores haitianos, por carecer de un permiso de trabajo temporal emitido por la DGM.
Martínez explicó que la última vez que los trabajadores haitianos dentro del sector bananero se regularizaron fue en el 2017, durante una jornada del Plan de Regularización ejecutada por el Gobierno, en la que los empresarios bananeros invirtieron 8 millones de pesos para contribuir a la regularización de unos 10,000 trabajadores para la obtención de un permiso de trabajo temporal (TT-1).
Sin embargo, al pasar el año, todos estos carnés se vencieron.
“Ese es el problema, que el Estado no volvió a dar otro espacio para renovar esos permisos”, apuntó, tras agregar que la emisión de documentos desde Haití también es una gestión costosa.
En esto coincide el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Mao, Marcos Rodríguez, quien explicó que este carné –que llegó a ser conocido como DO, por las iniciales que anteceden a su numeración– era la categoría migratoria a la cual les correspondía acceder a los extranjeros en el sector agrícola, lo cual permitía hasta su inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
“Nosotros tenemos la intriga de qué va a pasar, porque no están respetando, los agarran”, enfatizó Rodríguez, quien entiende que esa identificación era la que tenía más peso para que los inmigrantes se regularizaran.
“Nadie se quiere comprometer a nada, porque todo se ve con el peso político ahora, y la realidad del campo es otra”, observó.
La República Dominicana tiene alrededor de 1,300,000 tareas de arroz que dispone para la siembra del arroz. Rodríguez asegura que hay, al menos, un trabajador haitiano por cada 100 a 150 tareas de tierra.
Tomando esta referencia, el sector arrecero dispone de las labores de entre 8,666 hasta 13,000 trabajadores haitianos, que desempeñan labores en todo el proceso de producción del arroz: desde la preparación de tierras y su abonado, hasta la molinería del cereal, incluidas las labores más especializadas, como el uso de tractores y maquinarias.
Permiso temporal de trabajo
Según la Ley General de Migración 285-04, el carnet de trabajador temporero (TT-1) debe contener datos como los nombres, apellidos y la fotografía del trabajador; tipo de documento de identidad de su país de origen y numeración; fecha de nacimiento y sexo; fecha y lugar de ingreso; plazo de permanencia; actividad a realizar y la zona en la que reside y trabaja, entre otros detalles.
La normativa también establece, en su artículo 49, que el Consejo General de Migración “debe establecer una cuota o monto de trabajadores temporeros a ser admitidos en el país anualmente, consultando a representantes de los productores, empresarios y sindicatos, una medida que, al parecer, no se contempló bajo las condiciones actuales.
“El gobierno es un equipo, se consulta; lo que pasa es que a veces tú das una orden, y los que la ejecutan lo hacen como si fuera un río hondo, que se carga con todo lo que hay”, enfatizó Cruz, tras recalcar que, como ministro de Agricultura, estaba enterado del plan de deportaciones del Gobierno y que, en ese sentido, que ha sostenido conversaciones con la Dirección General de Migración en torno al tema. “Yo cuido mi parte, y ellos ciudan su parte”, agregó.
En los primeros nueve meses de este año, la DGM ha expedido 18,373 permisos temporales de trabajo, el 42 % de las 43,743 residencias temporales emitidas durante este año.
Sin embargo, los datos que Migración comparte en su portal de transparencia no especifican en qué sector trabajan los inmigrantes extranjeros que han conseguido estos permisos de trabajo.
Fuente: Diario Libre
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