La comisión especial de la Cámara de Diputados, presidida por Gregorio Domínguez, ha comenzado el estudio para modificar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, con el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Según una nota de prensa, la iniciativa impulsada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, fue aprobada previamente en el Senado de la República y ahora se estudia en la Cámara Baja.
En la reunión celebrada este viernes, la comisión abordó varias propuestas de enmienda que buscan establecer tipos penales específicos, aumentar la responsabilidad de los funcionarios públicos, y endurecer las sanciones para proveedores y empresas involucradas en prácticas ilícitas.
Entre las principales modificaciones que se están considerando en la reforma de la Ley 340-06 se encuentran: Responsabilidad Patrimonial, para establecer sanciones para funcionarios cuyas acciones u omisiones causen daños económicos al Estado, permitiendo además a terceros afectados reclamar por los perjuicios ocasionados.
También, establecer un régimen disciplinario para funcionarios, en el que las faltas leves podrían implicar amonestaciones, mientras que las reincidencias y faltas graves pueden resultar en suspensiones sin sueldo o la destitución del cargo.
En cuanto a las sanciones penales y administrativas se prevén inhabilitaciones temporales y multas para proveedores que infrinjan la ley y sanciones penales severas para funcionarios y personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, con penas de prisión que podrían alcanzar hasta diez años.
En cuanto a la sanción por declaraciones falsas se estipula condena de hasta tres años de prisión para los proveedores que violen este aspecto. Y, en cuanto al procedimiento disciplinario riguroso, se plantea un proceso disciplinario para evaluar las faltas, aplicable conforme a la Ley de Función Pública, con el fin de garantizar un proceso justo y transparente.
El diputado Domínguez destacó que “esta reforma busca endurecer las penas por corrupción y robustecer el sistema de compras y contrataciones públicas, para asegurar el uso adecuado de los recursos del Estado y reforzar la transparencia.”
La comisión continuará sus labores en las próximas semanas para discutir en profundidad estas propuestas, recabando además el aporte de diversos sectores interesados, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el marco normativo de las contrataciones públicas en el país.
Fuente: Diario Libre
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