Los abogados José A. Javier Bidó y Onasis Rodríguez Piantini aclararon que los hermanos Mayra Josefina Sangiovanni Báez, Jocelyn de Jesús Sangiovanni Báez y Víctor Manuel Sangiovanni Rodríguez retiraron su querella únicamente contra el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, imputado en el caso Calamar. Esta acción no incluye a otros implicados, como Ángel Lockward, enfatizando que no han realizado ninguna gestión en su favor.
Representando también a un grupo de la familia Mota, liderado por William Humberto Mota de la Cruz, los abogados señalaron que no existen pruebas vinculantes contra sus clientes en el proceso.
Según Rodríguez Piantini, el artículo 124 del Código Procesal Penal respalda el desistimiento si la parte entiende que no habrá pruebas suficientes o que la acusación no satisfará las expectativas legales en el futuro.
En un documento dirigido a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y notificado a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), los hermanos Sangiovanni Báez dejaron sin efecto su querella contra Peralta, comprometiéndose a no presentar futuras acusaciones ni requerimientos en su contra.
"Si desistimos en contra de Lockward nos quedamos sin expediente porque él fue quien falsificó todo", afirmaron los abogados, señalando la relevancia de las acusaciones contra Lockward en el caso.
Sexto aplazamiento del juicio preliminar
El caso Calamar, que involucra a más de 31 personas físicas y 13 empresas acusadas de supuestamente estafar al Estado dominicano con más de 40 mil millones de pesos, continúa enfrentando retrasos judiciales. En la audiencia del lunes, el tribunal aplazó por sexta ocasión el inicio del juicio preliminar contra los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros implicados, fijando la próxima audiencia para el 13 de enero de 2025.
Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.
El caso ha generado una fuerte atención pública debido a que el Ministerio Público acusa a los implicados de desviar más de 19 mil millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020. Las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) buscan determinar el alcance de la presunta red de corrupción y los beneficiarios finales de los recursos sustraídos.
Fuente: Diario Libre
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, los hermanos Sangiovanni Báez dejaron sin efecto su querella contra Peralta, comprometiéndose a no presentar futuras acusaciones ni requerimientos en su contra."Si desistimos en contra de Lockward nos quedamos sin expediente porque él fue quien falsificó todo", afirmaron los abogados, señalando la relevancia de las acusaciones contra Lockward en el caso.Sexto aplazamiento del juicio preliminarEl caso Calamar, que involucra a más de 31 personas físicas y 13 empresas acusadas de supuestamente estafar al Estado dominicano con más de 40 mil millones de pesos, continúa enfrentando retrasos judiciales. En la audiencia del lunes, el tribunal aplazó por sexta ocasión el inicio del juicio preliminar contra los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros implicados, fijando la próxima audiencia para el 13 de enero de 2025.Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.El caso ha generado una fuerte atención pública debido a que el Ministerio Público acusa a los implicados de desviar más de 19 mil millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020. Las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) buscan determinar el alcance de la presunta red de corrupción y los beneficiarios finales de los recursos sustraídos. RELACIONADAS Justicia Caso Calamar: familia Mota retira querella contra José Ramón Peralta Justicia Familia Mota solicita embargo retentivo de bienes contra algunos implicados en el caso Calamar){kind=link}