, que asegura el acceso universal a la salud sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. El experto advierte que cobrar a inmigrantes sin documentos implicaría reconocerlos legalmente, lo cual es contradictorio, ya que no se les otorgan derechos básicos pero sí obligaciones económicas. Esto podría generar demandas legales y complicaciones en la aplicación de la medida. Además, podría contravenir tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben la discriminación en el acceso a la salud. Ramírez Slaibe sugiere que el Gobierno explore otras alternativas, ya que el cobro de servicios a extranjeros en situación irregular podría tener impactos económicos, sociales y sanitarios significativos. La inversión en atención médica a parturientas extranjeras podría haber cubierto a 343,303 dominicanos del Régimen Subsidiado, según el aumento aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en la Resolución 537-03. El presidente Luis Abinader ha mencionado la evaluación de mecanismos para que los servicios dejen de ser gratuitos para extranjeros en tránsito, pero Ramírez Slaibe insiste en que esta decisión debe ser cuidadosamente analizada debido a sus posibles implicaciones legales y constitucionales. Fuente: Listín Diario){kind=link}
El doctor Pedro Ramírez Slaibe, experto en sistemas de salud, señala que el cobro de servicios médicos a inmigrantes ilegales en República Dominicana presenta conflictos legales y constitucionales. En 2024, el país invirtió RD$1,068,757,173 en partos y cesáreas para 32,967 madres haitianas en hospitales públicos, con un costo promedio de RD$32,419 por evento.
Ramírez Slaibe destaca que esta práctica podría violar el Artículo 61 de la Constitución, que garantiza la salud como un derecho fundamental, y la Ley General de Salud (42-01), que asegura el acceso universal a la salud sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio.
El experto advierte que cobrar a inmigrantes sin documentos implicaría reconocerlos legalmente, lo cual es contradictorio, ya que no se les otorgan derechos básicos pero sí obligaciones económicas. Esto podría generar demandas legales y complicaciones en la aplicación de la medida. Además, podría contravenir tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben la discriminación en el acceso a la salud.
Ramírez Slaibe sugiere que el Gobierno explore otras alternativas, ya que el cobro de servicios a extranjeros en situación irregular podría tener impactos económicos, sociales y sanitarios significativos. La inversión en atención médica a parturientas extranjeras podría haber cubierto a 343,303 dominicanos del Régimen Subsidiado, según el aumento aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en la Resolución 537-03.
El presidente Luis Abinader ha mencionado la evaluación de mecanismos para que los servicios dejen de ser gratuitos para extranjeros en tránsito, pero Ramírez Slaibe insiste en que esta decisión debe ser cuidadosamente analizada debido a sus posibles implicaciones legales y constitucionales.
Fuente: Listín Diario
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