La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó una ley que endurece las sanciones contra el tráfico ilegal de personas, especialmente enfocándose en proteger a grupos vulnerables como menores, personas con discapacidades y aquellos con problemas psicológicos.
La nueva legislación, que modifica la Ley 137-03, establece penas de 20 a 30 años de prisión y multas de 200 a 400 salarios mínimos para los culpables de estos delitos. La ley también amplía el alcance de los artículos 3 y 7, definiendo claramente el delito de trata de personas e incluyendo situaciones como explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre y extracción de órganos, incluso si la víctima consiente.
El artículo 3 especifica que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a los perpetradores. Además, el artículo 7 considera agravantes los casos en que la víctima sufra daño físico o psíquico, o cuando el delito involucre a funcionarios gubernamentales, fuerzas armadas o crimen organizado. También se penaliza la falsificación de documentos de identidad relacionados con estos delitos, con penas mínimas de cinco años de prisión y multas de 175 a 300 salarios mínimos.
La ley refuerza el compromiso del país con el Protocolo de Palermo, que busca combatir el tráfico de personas a nivel internacional. Esta legislación es un paso significativo para proteger los derechos humanos y sancionar severamente a quienes cometan estos delitos en la República Dominicana.
Fuente: Listín Diario
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