 ha publicado un informe de auditoría sobre el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) correspondiente al período 2016-2020. El informe, de más de 500 páginas, revela violaciones a las normas de compras públicas, contabilidad gubernamental, control interno y obligaciones tributarias, con posibles consecuencias penales. Se destaca que el INAIPI no cumplió con su función de retener impuestos, afectando los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo cual compromete el modelo de "Estado Social" que depende de estas recaudaciones. Además, se identificaron adjudicaciones a empresas vinculadas con accionistas del INAIPI y descalificaciones injustificadas de oferentes, violando la Ley 10-04 de compras públicas. La CCRD sugiere indicios de colusión y fraude, lo que podría constituir delitos según el Artículo 419 del Código Penal y la Ley 42-08 de defensa de la competencia. Por ello, el caso ha sido remitido al Ministerio Público. El INAIPI tiene un plazo de 25 días para presentar un plan de acción correctivo ante la Contraloría General y la Cámara de Cuentas, bajo estricta supervisión. El informe enfatiza que estas prácticas van en contra del artículo 138 de la Constitución, que demanda eficacia, transparencia y economía en la gestión pública. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha publicado un informe de auditoría sobre el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) correspondiente al período 2016-2020. El informe, de más de 500 páginas, revela violaciones a las normas de compras públicas, contabilidad gubernamental, control interno y obligaciones tributarias, con posibles consecuencias penales.
Se destaca que el INAIPI no cumplió con su función de retener impuestos, afectando los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo cual compromete el modelo de "Estado Social" que depende de estas recaudaciones.
Además, se identificaron adjudicaciones a empresas vinculadas con accionistas del INAIPI y descalificaciones injustificadas de oferentes, violando la Ley 10-04 de compras públicas. La CCRD sugiere indicios de colusión y fraude, lo que podría constituir delitos según el Artículo 419 del Código Penal y la Ley 42-08 de defensa de la competencia. Por ello, el caso ha sido remitido al Ministerio Público.
El INAIPI tiene un plazo de 25 días para presentar un plan de acción correctivo ante la Contraloría General y la Cámara de Cuentas, bajo estricta supervisión. El informe enfatiza que estas prácticas van en contra del artículo 138 de la Constitución, que demanda eficacia, transparencia y economía en la gestión pública.
Fuente: El Testigo
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