 ha recomendado a la Contraloría General de la República que no registre ni apruebe pagos relacionados con aproximadamente 150 contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). Esta recomendación se mantendrá mientras se lleva a cabo una investigación sobre tres procesos de licitación para la compra de utilería escolar, identificados con los números INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012. Los hallazgos preliminares sugieren posibles irregularidades, como colusión entre empresas, conflictos de interés, inconsistencias en los domicilios de los oferentes y adjudicaciones a empresas sin el rubro adecuado en su Registro de Proveedor del Estado (RPE). También se detectaron fallos en la evaluación de ofertas y falta de transparencia en las publicaciones del portal de compras. La DGCP busca prevenir el uso indebido de fondos públicos en contratos potencialmente irregulares. Hasta ahora, solo 12 proveedores han ejercido su derecho de defensa, a pesar de que todos fueron notificados sobre la posibilidad de justificar sus contratos. La DGCP tiene 30 días hábiles para emitir resultados preliminares y notificar a las partes involucradas. Además, colabora con la Unidad Antifraude de la Contraloría en una investigación especial para identificar responsabilidades individuales y estructurales. La cantidad de contratos bajo revisión podría cambiar conforme avancen las investigaciones. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha recomendado a la Contraloría General de la República que no registre ni apruebe pagos relacionados con aproximadamente 150 contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). Esta recomendación se mantendrá mientras se lleva a cabo una investigación sobre tres procesos de licitación para la compra de utilería escolar, identificados con los números INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
Los hallazgos preliminares sugieren posibles irregularidades, como colusión entre empresas, conflictos de interés, inconsistencias en los domicilios de los oferentes y adjudicaciones a empresas sin el rubro adecuado en su Registro de Proveedor del Estado (RPE). También se detectaron fallos en la evaluación de ofertas y falta de transparencia en las publicaciones del portal de compras.
La DGCP busca prevenir el uso indebido de fondos públicos en contratos potencialmente irregulares. Hasta ahora, solo 12 proveedores han ejercido su derecho de defensa, a pesar de que todos fueron notificados sobre la posibilidad de justificar sus contratos. La DGCP tiene 30 días hábiles para emitir resultados preliminares y notificar a las partes involucradas. Además, colabora con la Unidad Antifraude de la Contraloría en una investigación especial para identificar responsabilidades individuales y estructurales. La cantidad de contratos bajo revisión podría cambiar conforme avancen las investigaciones.
Fuente: El Testigo
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