El Contralor General de la República, Félix Santana García, ha anunciado que las entidades responsables de hacer cumplir la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos serán muy estrictas con aquellos que infrinjan este proceso legal.
El cumplimiento de esta normativa es supervisado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del Palacio Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública. Todos los funcionarios deben presentar su declaración jurada a partir del 16 de agosto, según afirmó Santana García en un comunicado oficial.
Santana García forma parte de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, creada por el presidente Luis Abinader Corona mediante el decreto 343-22 del 6 de julio de 2022.
El decreto mencionado también establece que la Contraloría General de la República no podrá incluir en la nómina pública a los funcionarios del Poder Ejecutivo que no cumplan con el requisito de la Ley 311-14.
Esta comisión, presidida por Milagros Ortiz Bosch, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, tiene la facultad de recomendar al presidente la aplicación de sanciones contra los funcionarios que no presenten sus declaraciones juradas de patrimonio.
La ley exige que los funcionarios presenten una lista de su patrimonio y el de su cónyuge al inicio y finalización de su mandato, así como al ser reelegidos o cesar en sus funciones.
Quienes no cumplan con esta obligación enfrentarán sanciones que incluyen la destitución del cargo, según la Ley número 41-08 de Función Pública.
Adicionalmente, el Contralor informó que se encuentran en proceso 90 auditorías, de las cuales 20 serán publicadas próximamente. Este proceso busca garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.
En cuanto a los nuevos alcaldes, estos han mostrado interés en ser auditados para mantener una gestión transparente. La Contraloría General está trabajando en 15 auditorías en respuesta a las solicitudes de los alcaldes.
El Contralor participó en el lanzamiento de un programa de fortalecimiento de la capacidad de persecución de delitos como la corrupción administrativa, auspiciado por la Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, la Cámara de Cuentas comunicó que retendrá el salario a los funcionarios municipales que no hayan presentado su declaración jurada de bienes, tras expirar el plazo para hacerlo el pasado sábado 25 de mayo.
Fuente: Diario Libre
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