lunes, diciembre 9, 2024
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El expresidente Alberto Fujimori pide al Congreso una pensión y otras demandas

El excanciller exmandatario peruano Alberto Fujimori solicitó al Congreso que le conceda una pensión vitalicia, un guardaespaldas, un automóvil y combustible, según informó su abogado el lunes.

Elio Riera, abogado de Fujimori, comunicó a través de una entrevista en la televisión local N que envió una carta al Congreso solicitando que se cumpla una ley que permite otorgar una pensión presidencial de 4,182 dólares mensuales.

El exgobernante fue liberado en diciembre después de cumplir una condena desde 2007 en una cárcel de Lima. En 2009, fue condenado como autor intelectual de la muerte de 25 peruanos durante su gobierno a manos de un grupo de militares en 1991 y 1992.

El exmandatario no se arrepintió de sus crímenes ni ha pagado la reparación civil. Fujimori enfrenta otras tres condenas por corrupción y adeuda alrededor de 15 millones de dólares al erario público, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.

El Congreso está controlado por una coalición de partidos conservadores, donde se incluye el partido fujimorista.

El proceso administrativo, que podría durar aproximadamente un mes, implica el préstamo de un vehículo, hasta 150 galones de combustible y asignar una persona para su cuidado, quien deberá ser remunerada por el Estado, de acuerdo a una decisión parlamentaria emitida en 2016.

Riera comentó que Fujimori, de 85 años, se sustenta con los ingresos de la venta de su libro de memorias y sus ingresos como jubilado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde fue rector y profesor.

Desde el inicio del año, Fujimori ha sido activo en las redes sociales compartiendo su versión de los eventos ocurridos durante su gobierno en la década de 1990 a 2000.

El exjefe de Estado recuperó su libertad después de que el Tribunal Constitucional reviviera un controversial indulto humanitario presidencial otorgado en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Especialistas interpretaron que Kuczynski concedió el indulto para ganar respaldo parlamentario para su frágil gobierno por parte de legisladores del partido fujimorista.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal latinoamericano en esta materia al cual Perú está sujeto, instó en diciembre al gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, a no ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori. A pesar de ello, Perú dejó en libertad al expresidente, lo que colocó al país en desacato.

Fujimori huyó a Japón en 2000 y renunció desde allí después de varios escándalos de corrupción, incluyendo la difusión de un video en el que se observaba al jefe de inteligencia de su gestión sobornando a congresistas opositores. En 2005, se trasladó a Chile, donde fue detenido y extraditado a Perú en 2007.

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