 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).La alegada red la encabeza, según el MP, el mayor general Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente. Según explica el órgano fueron más de 4,500 millones de pesos la estafa contra el Estado dominicano.En las audiencias anteriores, la presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, acogió la petición del procurador adjunto Wilson Camacho de separar del proceso a las Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, y declaró en rebeldía a René Azolón Vicioso, persona jurídica representante de Distribuidora TAFL y Distribuidoras KF. Suspendió el juicio para esas dos compañías y ordenó continuarlo para los demás encartados.El proceso para la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve está en el limbo porque la Defensoría Pública ha dispuesto no defender instituciones, sino únicamente a personas físicas. Esas entidades, acusadas de blanquear el dinero que presuntamente se sustrajo del Estado, alegan no poseer recursos para pagar abogados. Los acusadosEl Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó, en julio del 2023, apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). RELACIONADAS Justicia Tribunal intenta conocer juicio del caso Coral tras siete meses de fallidas audiencias La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.El juicio de fondo también se conoce contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.){kind=link}
El juicio de los casos Coral y Coral 5G, que acusa a una supuesta red de corrupción integrada por policías y militares, avanzó este jueves leyendo el expediente hasta la página 682 de más de 750 que deben ser revisadas ante las juezas.
El expediente consta de más de tres mil páginas, pero las juezas solo solicitaron al Ministerio Público leer la formulación de cargos y la calificación jurídica para agilizar el proceso.
El Ministerio Público concluyó la lectura sobre el presunto lavado de activos de Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola y Torres Robiou, así como las empresas que se utilizaron como testaferros en el alegado caso de corrupción contra el Estado.
La jornada judicial se lleva a cabo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Estos casos estuvieron ocho meses paralizados debido a problemas con los abogados de los imputados y otros inconvenientes. Esta es la tercera audiencia del juicio de fondo y continuará el jueves 18 de julio a las 9:00 de la mañana.
El expediente acusa la distracción de fondos públicos entre 2012 y 2020, con supuestas compras de alimentos, combustibles y nombramientos en el Cusep y Cestur.
Según el Ministerio Público, la red está liderada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, quienes habrían estafado más de 4,500 millones de pesos al Estado dominicano.
En casos anteriores, se separaron del proceso a ciertas entidades y se declaró rebeldía a otras por no presentarse. El proceso continuará para el resto de los acusados.
La acusación recae sobre 28 imputados, la mayoría policías y militares, y algunos de ellos con sus familiares. Entre los acusados se encuentra la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez y varios oficiales de las fuerzas armadas.
El juicio también involucra a diversas empresas que se sospecha colaboraron en el lavado de dinero proveniente de la corrupción.
Fuente: Diario Libre
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