En noviembre de 2024, el 51.1% de la población de República Dominicana, es decir, 5.5 millones de personas, recibía ingresos recurrentes del Estado. Este grupo incluye empleados públicos, pensionados y beneficiarios de programas de transferencias como Aliméntate, excluyendo programas temporales como el Bono a Mil por la Educación y el Bono Navideño.
Desde 2009, cuando el 33.6% de los dominicanos dependía del sector público, ha habido un aumento significativo. Este crecimiento refleja tanto la expansión de los programas de asistencia social y del empleo público como un cambio estructural en la economía del país, donde una gran parte de la población depende del Estado para su sustento.
La pandemia de COVID-19 intensificó esta tendencia, ya que en lugar de fomentar reformas estructurales para impulsar la inversión y el empleo privado, se optó por expandir los subsidios y el empleo público. Estas medidas, aunque inicialmente fueron una respuesta a la crisis, han continuado y se han ampliado.
La creciente dependencia del Estado plantea un desafío para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Es crucial adoptar un enfoque que promueva la creación de empleos en el sector privado y alivie la carga sobre los recursos públicos. Los ciudadanos dominicanos necesitan reformas que fortalezcan la economía y permitan alcanzar metas personales a través del trabajo.
Fuente: El Testigo
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