 desde el 21 de agosto de 2020, coincidiendo con la designación de Santiago Marcelo Hazim Albainy como director ejecutivo. Según la investigación de la operación Cobra, Hazim habría formado un grupo de confianza con amigos y colaboradores para desviar fondos públicos y manipular procesos administrativos y financieros. Esta red organizada controlaba áreas clave como finanzas y auditoría, alterando registros contables y ocultando irregularidades en los estados financieros. El expediente judicial detalla acciones ilícitas como la recepción de sobornos por contratos, falsificación de estados financieros, manipulación de cuentas para ocultar déficits, y creación de programas sin sustento para justificar pagos irregulares. También se menciona la privatización irregular de servicios de Atención Primaria en Salud y delitos como prevaricación y estafa contra el Estado dominicano. El Ministerio Público afirma que estas prácticas permitieron un esquema de corrupción institucionalizada que operó sin detección inmediata, gracias a mecanismos de encubrimiento y la participación de funcionarios clave. Las maniobras fraudulentas habrían causado daños significativos al patrimonio del Estado y comprometido fondos destinados a la salud pública, afectando la cobertura y servicios médicos para millones de afiliados. La investigación sigue en curso, con análisis de documentación financiera, contratos y auditorías internas del período investigado. Aún no se ha decidido si se solicitarán nuevas medidas precautorias o se ampliará la lista de imputados. Fuente: El Testigo){kind=link}
El Ministerio Público ha identificado maniobras fraudulentas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) desde el 21 de agosto de 2020, coincidiendo con la designación de Santiago Marcelo Hazim Albainy como director ejecutivo.
Según la investigación de la operación Cobra, Hazim habría formado un grupo de confianza con amigos y colaboradores para desviar fondos públicos y manipular procesos administrativos y financieros. Esta red organizada controlaba áreas clave como finanzas y auditoría, alterando registros contables y ocultando irregularidades en los estados financieros.
El expediente judicial detalla acciones ilícitas como la recepción de sobornos por contratos, falsificación de estados financieros, manipulación de cuentas para ocultar déficits, y creación de programas sin sustento para justificar pagos irregulares. También se menciona la privatización irregular de servicios de Atención Primaria en Salud y delitos como prevaricación y estafa contra el Estado dominicano.
El Ministerio Público afirma que estas prácticas permitieron un esquema de corrupción institucionalizada que operó sin detección inmediata, gracias a mecanismos de encubrimiento y la participación de funcionarios clave. Las maniobras fraudulentas habrían causado daños significativos al patrimonio del Estado y comprometido fondos destinados a la salud pública, afectando la cobertura y servicios médicos para millones de afiliados.
La investigación sigue en curso, con análisis de documentación financiera, contratos y auditorías internas del período investigado. Aún no se ha decidido si se solicitarán nuevas medidas precautorias o se ampliará la lista de imputados.
Fuente: El Testigo
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