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Desde que el presidente Luis Abinader asumió el cargo, el Poder Judicial y otros organismos similares han disfrutado de exoneraciones vehiculares. Aunque estas exoneraciones no son idénticas a las de los congresistas, sí afectan las finanzas del Estado.
En los últimos cuatro años, datos de la Dirección General de Aduanas revelan que al menos 489 jueces o funcionarios del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y el Ministerio Público importaron 709 vehículos sin pagar impuestos, lo que representa aproximadamente RD$503,215,428.24. Esto implica que cada juez o funcionario exoneró en promedio poco más de un millón de pesos al traer vehículos del exterior, una cifra menor comparada con los legisladores, debido a que solo 2 de cada 10 vehículos importados son de "marcas de lujo".
La importación de vehículos exonerados para jueces y funcionarios está respaldada por tres leyes: la Ley 327-98 de Carrera Judicial, la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público y la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional. Estas leyes permiten a los jueces importar un vehículo no suntuario libre de impuestos cada cinco años, siendo intransferible durante ese periodo, y este derecho se adquiere a partir del segundo año de servicio.
Fuente: Listín Diario
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