. Según el abogado Patricio Mañón Amador, el Ministerio Público ha ignorado la legítima propiedad de la familia, cuestionando las matrículas de las parcelas que fueron emitidas por el Tribunal Superior de Tierra desde 1956. Mañón refutó las afirmaciones del Ministerio Público sobre una supuesta estafa al Estado, indicando que el 80% del pago total fue realizado a la familia en agosto de 2016, bajo la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Según Mañón, Guerrero no cometió desfalco, sino que cumplió con sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de 60 años, exonerándolo de responsabilidad penal. Este pago ya estaba presupuestado desde 2016, y sentencias de 2009, 2012 y 2017 habían ordenado al Estado realizarlo, lo cual no se cumplió. Los abogados de la familia, incluyendo a Martín Mañón Lara, Moisés Sánchez Ramírez, Rafael Antonio Zapata y Alexander Navarro Rossi, planean solicitar el levantamiento de la oposición a pago y presentar una querella contra el Estado por la estafa que, según ellos, ha afectado a la familia por más de 70 años. El conflicto legal se centra en la propiedad de las parcelas del AILA, un tema que ha mantenido a la familia en disputa durante décadas. Fuente: El Testigo){kind=link}
La familia Reyes, querellante en el caso Calamar, ha acusado al Ministerio Público de engañar al pueblo dominicano sobre las parcelas del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Según el abogado Patricio Mañón Amador, el Ministerio Público ha ignorado la legítima propiedad de la familia, cuestionando las matrículas de las parcelas que fueron emitidas por el Tribunal Superior de Tierra desde 1956.
Mañón refutó las afirmaciones del Ministerio Público sobre una supuesta estafa al Estado, indicando que el 80% del pago total fue realizado a la familia en agosto de 2016, bajo la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Según Mañón, Guerrero no cometió desfalco, sino que cumplió con sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de 60 años, exonerándolo de responsabilidad penal.
Este pago ya estaba presupuestado desde 2016, y sentencias de 2009, 2012 y 2017 habían ordenado al Estado realizarlo, lo cual no se cumplió.
Los abogados de la familia, incluyendo a Martín Mañón Lara, Moisés Sánchez Ramírez, Rafael Antonio Zapata y Alexander Navarro Rossi, planean solicitar el levantamiento de la oposición a pago y presentar una querella contra el Estado por la estafa que, según ellos, ha afectado a la familia por más de 70 años.
El conflicto legal se centra en la propiedad de las parcelas del AILA, un tema que ha mantenido a la familia en disputa durante décadas.
Fuente: El Testigo
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