 será la encargada de establecer una matriz de responsabilidad que determinará cómo se afectará dicho bono. La aplicación del decreto comenzará en el tercer trimestre del año, periodo en el cual la DIGEIG se dedicará a educar y difundir estas medidas correctivas. El objetivo es fortalecer la transparencia en todos los órganos de la Administración Pública, tanto central como descentralizada, bajo el Poder Ejecutivo. Esto se hará en cumplimiento de la ley, su reglamento, la resolución de estandarización y la Política Nacional de Datos Abiertos, siguiendo los estándares de la DIGEIG. Junto con el Ministerio de Administración Pública (MAP), la DIGEIG supervisará y evaluará mensualmente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las instituciones públicas. El decreto establece que las entidades deben seguir los estándares de la DIGEIG para garantizar la estandarización y el acceso abierto a la información pública. Se utilizarán los Rankings de Transparencia para monitorear el desempeño, exigiendo que las instituciones mantengan un puntaje superior a 85 en transparencia activa y pasiva. Aquellas que superen los 90 puntos recibirán un reconocimiento público. Fuente: El Testigo){kind=link}
El presidente Luis Abinader, a través del Decreto NO. 166-25, ha implementado medidas para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04. Una de las principales acciones es la afectación del bono de desempeño para los servidores públicos que no cumplan con esta ley.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) será la encargada de establecer una matriz de responsabilidad que determinará cómo se afectará dicho bono. La aplicación del decreto comenzará en el tercer trimestre del año, periodo en el cual la DIGEIG se dedicará a educar y difundir estas medidas correctivas.
El objetivo es fortalecer la transparencia en todos los órganos de la Administración Pública, tanto central como descentralizada, bajo el Poder Ejecutivo. Esto se hará en cumplimiento de la ley, su reglamento, la resolución de estandarización y la Política Nacional de Datos Abiertos, siguiendo los estándares de la DIGEIG.
Junto con el Ministerio de Administración Pública (MAP), la DIGEIG supervisará y evaluará mensualmente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las instituciones públicas.
El decreto establece que las entidades deben seguir los estándares de la DIGEIG para garantizar la estandarización y el acceso abierto a la información pública. Se utilizarán los Rankings de Transparencia para monitorear el desempeño, exigiendo que las instituciones mantengan un puntaje superior a 85 en transparencia activa y pasiva. Aquellas que superen los 90 puntos recibirán un reconocimiento público.
Fuente: El Testigo
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