, en la República Dominicana.Recordó que luego de la promulgación de la pieza legislativa, el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), entidad encargada de crear la disposición para la entrada en vigor de la ejecutoria, aún no cuenta con un documento sobre las acciones a realizar, a pesar de que la misma fue promulgada en junio del 2023.En una nota de prensa enviada a Diario Libre, puntualizó que esta ley contempla una serie de prerrogativas en beneficio de las familias de personas autistas, pero no se han podido ejecutar por la falta de las normas de aplicación.Ulloa señaló que la norma contempla trascendentes aspectos para que el Estado se ocupe de las necesidades básicas en diferentes áreas, dentro de las que se destaca salud, educación, vivienda, transporte, de socialización y de atención temprana.Asimismo, el servidor público precisó que las autoridades deben velar por el cumplimiento de esta normativa, debido a que los tratamientos resultan extremadamente costosos, y por la falta del reglamento, las familias se ven imposibilitadas al acceso de los servicios.Indicó que el objetivo de la ley es garantizar que las personas con este tipo de trastorno reciban las terapias y aliviar la carga económica y emocional en miles de hogares del país.En las últimas décadas, los diagnósticos de TEA han crecido en más de un 250%, lo que significa que al menos uno de cada 160 niños en el planeta vive con TEA. RELACIONADAS Hablando con el pediatra El niño autista no es responsable de su condición Más firmas Abril: Mes de Concienciación sobre el Autismo Ciencia Identifican en Brasil proteínas que pueden permitir el diagnóstico del autismo en la orina EducaciónDatos contenidos en la memoria 2023 del Ministerio de Educación, indican que, del total de estudiantes con necesidades específicas inscritos a marzo 2023, se identificaron 7,475 dentro del espectro autista y 8,878 con discapacidad intelectual.Planteamiento de la ConstituciónLa Constitución en su artículo 58, establece la necesidad de crear políticas públicas de inclusión para las personas con discapacidad.Además, la reciente promulgación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las personas con TEA es un paso significativo hacia la garantía de sus derechos.Esta ley asigna la responsabilidad al Conadis para velar por la implementación de las políticas públicas y el cumplimiento de la ley, asegurando un trato digno y la reeducación de la población en cuanto al tratamiento de las personas con alguna discapacidad.){kind=link}
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha instado a la aprobación del reglamento de aplicación a la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la República Dominicana.
Después de la aprobación de esta ley, el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis) aún no ha elaborado las normas necesarias para su implementación, a pesar de haber sido promulgada en junio de 2023.
Ulloa señaló que esta ley contiene beneficios importantes para las familias con personas autistas, pero aún no se han aplicado debido a la falta de normas claras.
El objetivo de esta ley es garantizar que las personas con TEA reciban los servicios necesarios en áreas como salud, educación, vivienda, transporte, socialización y atención temprana.
Es fundamental que las autoridades vigilen el cumplimiento de esta normativa, ya que los tratamientos son costosos y muchas familias no pueden acceder a ellos por la falta de reglamentación.
En las últimas décadas, los casos de TEA han aumentado significativamente, afectando a uno de cada 160 niños en el mundo.
Educación
De acuerdo con la memoria 2023 del Ministerio de Educación, hay 7,475 estudiantes dentro del espectro autista y 8,878 con discapacidad intelectual.
Planteamiento de la Constitución
En el artículo 58 de la Constitución se establece la necesidad de políticas de inclusión para personas con discapacidad.
La reciente Ley 34-23 es un avance importante para garantizar los derechos de las personas con TEA, asignando al Conadis la responsabilidad de implementar políticas públicas y asegurar un trato digno para estas personas.
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