 ha dictaminado de nuevo en contra del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), alineándose con el Poder Ejecutivo y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que previamente había declarado el proyecto del aeropuerto como perjudicial por violar normativas aeronáuticas y por la falta de los permisos esenciales para su operación.En un rol de corte de casación, la Tercera Sala de la SCJ no solo desestimó un recurso de apelación presentado por el AIB sino que también declaró inadmisibles otras dos acciones legales relacionadas, todas patrocinadas por el Grupo Abrisa, la matriz del AIB.Adicionalmente, la Corte calificó como contrario a la norma jurídica el decreto 270-20, que había sido promulgado para aprobar y fomentar la realización del proyecto bajo el mandato del entonces presidente Danilo Medina, de fecha del 21 de julio de 2020. Esta decisión se vio fortalecida por una derogación previa del actual presidente Luis Abinader, en respuesta a un fallo anterior de la misma SCJ que declaraba dicho decreto ilegal.Este conjunto de resoluciones confirma las decisiones previas del Tribunal Superior Administrativo, que había rechazado los intentos del AIB de oponerse a la prohibición de continuar con su proyecto. En su detallada sentencia, la SCJ desglosó y refutó los argumentos presentados por el AIB, con el presidente de la sala, Manuel A. Read Ortiz, emitiendo la opinión mayoritaria. RELACIONADAS Nacional Abinader se amparó en sentencias para eliminar decreto del Aeropuerto Internacional Bávaro Turismo El IDAC respalda decisión de ratificar paralización del Aeropuerto Internacional de Bávaro Turismo Frank Rainieri sobre sentencia Aeropuerto de Bávaro: "Los jueces demostraron su independencia" En términos de procedimientos, la sentencia criticó el contrato directo entre el Estado dominicano y el AIB, señalando que este se otorgó bajo circunstancias irregulares y sin seguir los procedimientos estipulados en la ley de contrataciones públicas, específicamente la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y los principios de publicidad, transparencia e igualdad establecidos en la Carta Política dominicana y la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.El magistrado Moisés A. Ferrer Landrón, por su parte, emitió un voto disidente. En él expresó su desacuerdo con la mayoría, argumentando que la decisión de declarar lesivo el acto administrativo se realizó de manera arbitraria y sin un razonamiento justificativo adecuado, lo cual, a su juicio, resultaba incongruente y negaba derechos previamente concedidos al beneficiario del acto impugnado.){kind=link}
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha vuelto a fallar en contra del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), apoyando al Poder Ejecutivo y al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), quienes previamente habían declarado que el proyecto del aeropuerto era perjudicial al violar las normativas aeronáuticas y por carecer de los permisos necesarios para su funcionamiento.
En una instancia de corte de casación, la Tercera Sala de la SCJ rechazó un recurso de apelación presentado por el AIB y consideró inadmisibles otras dos acciones legales relacionadas, todas promovidas por el Grupo Abrisa, la empresa matriz del AIB.
Adicionalmente, la Corte determinó que el Decreto 270-20, emitido para autorizar y promover el desarrollo del proyecto durante la presidencia de Danilo Medina el 21 de julio de 2020, iba en contra de la normativa legal. Esta decisión se vio respaldada por la derogación hecha posteriormente por el actual presidente, Luis Abinader, en respuesta a un fallo previo de la misma SCJ que invalidaba dicho decreto.
Estas resoluciones confirman las decisiones previas del Tribunal Superior Administrativo, que había rechazado los intentos del AIB de oponerse a la prohibición de continuar con su proyecto. En su fallo detallado, la SCJ analizó y rebatió los argumentos presentados por el AIB, con el presidente de la sala, Manuel A. Read Ortiz, emitiendo la opinión mayoritaria.
En cuanto a los procedimientos, la sentencia cuestionó el contrato directo entre el Estado dominicano y el AIB, señalando que se otorgó de manera irregular y sin seguir los procesos establecidos en la ley de contrataciones públicas, en particular la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y los principios de publicidad, transparencia e igualdad establecidos en la Carta Política dominicana y la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
Por otro lado, el magistrado Moisés A. Ferrer Landrón emitió un voto disidente, expresando su desacuerdo con la decisión mayoritaria al considerar que la declaratoria de lesividad del acto administrativo fue arbitraria y carecía de un razonamiento adecuado, lo que, según él, resultaba incongruente y negaba derechos previamente concedidos al beneficiario del acto impugnado.
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