 informó sobre la “epidemia” de levantamientos irregulares y alertó a las autoridades para accionar, pero ningún funcionario o legislador levantó la mano con un plan de contingencia.Al revisar los problemas sociales y los planes para solucionarlos, funcionarios y congresistas, impactados por los casos o por subirse en la ola mediática, plantean propuestas legislativas al respecto, pero, una vez que menguan las vistas en las redes sociales y los “me gusta”, estas perimen.Ya sea por falta de seguimiento o por descoordinación en los órganos legislativos, cuando un proyecto de ley se aprueba en una cámara, la otra, en muchos casos, lo deja caer. Un ejemplo es la modificación del Código Penal, aprobada tres veces en los últimos cinco años en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.Por ese y otros casos, han surgido acusaciones entre diputados y senadores; incluso, los más directos, como Antonio Marte, han dicho que no es necesario tener dos cámaras congresuales. Propuestas por los accidentesEn marzo de 2025, el nivel de decibeles aumentó con el tema de los siniestros viales. En ese entonces, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló que desde enero hasta esa fecha habían ocurrido más de 15,000 accidentes de tránsito, de los que el 65 % involucraba a motores, por lo que anunció disposiciones contundentes contra los infractores de la ley.Debido al ruido del momento, el Senado invitó a Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para que explicara el porqué de tantas fatalidades.Entre otros puntos, Morrison también solicitó una ley más rígida. En ese sentido, el diputado Tobías Crespo sometió la modificación a la Ley 63-17, a los fines de fortificarla y castigar a los causantes de accidentes. La propuesta se añade a otras trabajadas en el Congreso, pero caducadas en la marcha.Desde hace más de una década, la República Dominicana sobresale en el funesto ranking de los países con más muertes por esa causa, que, en 2024, cobró 3,114 vidas, según datos oficiales.Eliminar las exoneraciones y barrilitoEl Fondo de Asistencia Social de los senadores, conocido como barrilito, y las exoneraciones de impuestos a vehículos importados por legisladores siguen vigentes pese a las múltiples propuestas para eliminarlos por la carga que representan para las finanzas públicas.Por concepto del barrilito, el Estado invierte más de 252 millones de pesos al año. En tanto que el tema de las exoneraciones volvió a ser tendencia en noviembre de 2024, cuando Diario Libre publicó que el Estado dejó de percibir 2,140 millones de pesos en impuestos con la importación de 499 vehículos exonerados, muchos de los cuales son traspasados a terceros.En la Cámara Alta se sometieron dos proyectos para suprimir dichas exoneraciones, lo que molestó a los diputados, quienes también pedirán erradicar el barrilito, así como los beneficios que reciben jueces y otros funcionarios.Las propuestas legislativas fueron congeladas hasta nuevo aviso. Congreso Nacional El barrilito sigue intacto tras cuatro años de promesas para eliminarlo Inconformidad con método D’HondtEn el ambiente legislativo, tampoco ha prosperado la idea de sustituir el método de D’Hondt, la fórmula que usa la Junta Central Electoral (JCE) para establecer una representación proporcional, según lo establece la Ley 157-13, sobre el voto preferencial.En las elecciones de 2020 y 2024 hubo candidatos que perdieron por una diferencia de hasta 10 votos o menos, dándole una calificación de injusto al método de D’Hondt. Por eso, senadores y diputados sometieron propuestas para establecer otra alternativa. Sin embargo, pasado el tema, solo queda una propuesta, y está ralentizada en una comisión de diputados.Las estafas piramidalesEn los últimos años, la sociedad ha conocido varios casos de estafas piramidales, algunos de los cuales están en los tribunales. Los más sonados son los encabezados por Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, y Jairo González. Según el Ministerio Público, el primero estafó con más de 150 millones de pesos a decenas de personas en Monte Plata, y el segundo, a 413 víctimas con más de 100 millones de dólares. Fueron condenados a dos y cinco años de prisión, respectivamente.Las actuales leyes dominicanas son tolerantes para este delito, con penas de no más de cinco años. En esa dirección, el Senado ha conocido varios proyectos de leyes contra ese flagelo, de los cuales algunos ya caducaron y otros avanzan con lentitud.El último fue sometido en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo, que tipifica el delito hasta con 10 años de prisión y hasta 3,000 salarios mínimos. La pieza está bajo estudio de una comisión. Un proyecto alternativo al Código Penal Muchos de los males que azotan a la sociedad serían duramente castigados con el proyecto vigente de modificación del Código Penal, que tipificaría más de 70 delitos que no contempla la normativa de 1884. En un nuevo intento para su promulgación, el Congreso conformó una comisión bicameral que estudia la propuesta.Ante el retraso, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley sobre Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que abarca parte de los delitos del Código Penal y los condena hasta con 50 años de prisión, en el caso del sicariato. La normativa tipifica, además, delitos financieros, como las estafas piramidales, delitos ambientales, tráfico de personas, entre otros.){kind=link}
A los pocos días del desplome del techo de la discoteca Jet Set, que dejó a 233 personas fallecidas, un “festival” de proyectos de leyes fue depositado en el Congreso Nacional —seis en la Cámara de Diputados y cinco en el Senado—, enfocados en crear un marco legal para darle al Gobierno la facultad de fiscalizar construcciones privadas y así evitar futuras tragedias.
Aunque la desgracia ocurrida esa madrugada del 8 de abril no tiene precedentes, desde hace tres años la República Dominicana tiene una racha de muertes por edificaciones colapsadas, sin que el Gobierno Central ni el Congreso tomen medidas ni motiven leyes para evitar casos como el Jet Set.
El 1 de febrero de 2025, fallecieron tres obreros al caerse una construcción en La Romana que carecía de permisos; en noviembre de 2024, una plaza comercial colapsó en Santiago y dejó a tres heridos; en enero de 2023, se derrumbó una mueblería en La Vega, matando a una persona e hiriendo a cuatro; y, en junio de ese año, un edificio de cuatro pisos colapsó al rato de haberse echado el plato. Afortunadamente, no hubo heridos.
En ese entonces, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) informó sobre la “epidemia” de levantamientos irregulares y alertó a las autoridades para accionar, pero ningún funcionario o legislador levantó la mano con un plan de contingencia.
Al revisar los problemas sociales y los planes para solucionarlos, funcionarios y congresistas, impactados por los casos o por subirse en la ola mediática, plantean propuestas legislativas al respecto, pero, una vez que menguan las vistas en las redes sociales y los “me gusta”, estas perimen.
Ya sea por falta de seguimiento o por descoordinación en los órganos legislativos, cuando un proyecto de ley se aprueba en una cámara, la otra, en muchos casos, lo deja caer. Un ejemplo es la modificación del Código Penal, aprobada tres veces en los últimos cinco años en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.
Por ese y otros casos, han surgido acusaciones entre diputados y senadores; incluso, los más directos, como Antonio Marte, han dicho que no es necesario tener dos cámaras congresuales.
Propuestas por los accidentes
En marzo de 2025, el nivel de decibeles aumentó con el tema de los siniestros viales. En ese entonces, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló que desde enero hasta esa fecha habían ocurrido más de 15,000 accidentes de tránsito, de los que el 65 % involucraba a motores, por lo que anunció disposiciones contundentes contra los infractores de la ley.
Debido al ruido del momento, el Senado invitó a Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para que explicara el porqué de tantas fatalidades.
Entre otros puntos, Morrison también solicitó una ley más rígida. En ese sentido, el diputado Tobías Crespo sometió la modificación a la Ley 63-17, a los fines de fortificarla y castigar a los causantes de accidentes. La propuesta se añade a otras trabajadas en el Congreso, pero caducadas en la marcha.
Desde hace más de una década, la República Dominicana sobresale en el funesto ranking de los países con más muertes por esa causa, que, en 2024, cobró 3,114 vidas, según datos oficiales.
Eliminar las exoneraciones y barrilito
El Fondo de Asistencia Social de los senadores, conocido como barrilito, y las exoneraciones de impuestos a vehículos importados por legisladores siguen vigentes pese a las múltiples propuestas para eliminarlos por la carga que representan para las finanzas públicas.
Por concepto del barrilito, el Estado invierte más de 252 millones de pesos al año. En tanto que el tema de las exoneraciones volvió a ser tendencia en noviembre de 2024, cuando Diario Libre publicó que el Estado dejó de percibir 2,140 millones de pesos en impuestos con la importación de 499 vehículos exonerados, muchos de los cuales son traspasados a terceros.
En la Cámara Alta se sometieron dos proyectos para suprimir dichas exoneraciones, lo que molestó a los diputados, quienes también pedirán erradicar el barrilito, así como los beneficios que reciben jueces y otros funcionarios.
Las propuestas legislativas fueron congeladas hasta nuevo aviso.
Inconformidad con método D’Hondt
En el ambiente legislativo, tampoco ha prosperado la idea de sustituir el método de D’Hondt, la fórmula que usa la Junta Central Electoral (JCE) para establecer una representación proporcional, según lo establece la Ley 157-13, sobre el voto preferencial.
En las elecciones de 2020 y 2024 hubo candidatos que perdieron por una diferencia de hasta 10 votos o menos, dándole una calificación de injusto al método de D’Hondt. Por eso, senadores y diputados sometieron propuestas para establecer otra alternativa. Sin embargo, pasado el tema, solo queda una propuesta, y está ralentizada en una comisión de diputados.
Las estafas piramidales
En los últimos años, la sociedad ha conocido varios casos de estafas piramidales, algunos de los cuales están en los tribunales. Los más sonados son los encabezados por Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, y Jairo González.
Según el Ministerio Público, el primero estafó con más de 150 millones de pesos a decenas de personas en Monte Plata, y el segundo, a 413 víctimas con más de 100 millones de dólares. Fueron condenados a dos y cinco años de prisión, respectivamente.
Las actuales leyes dominicanas son tolerantes para este delito, con penas de no más de cinco años. En esa dirección, el Senado ha conocido varios proyectos de leyes contra ese flagelo, de los cuales algunos ya caducaron y otros avanzan con lentitud.
El último fue sometido en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo, que tipifica el delito hasta con 10 años de prisión y hasta 3,000 salarios mínimos. La pieza está bajo estudio de una comisión.
Muchos de los males que azotan a la sociedad serían duramente castigados con el proyecto vigente de modificación del Código Penal, que tipificaría más de 70 delitos que no contempla la normativa de 1884. En un nuevo intento para su promulgación, el Congreso conformó una comisión bicameral que estudia la propuesta.
Ante el retraso, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley sobre Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que abarca parte de los delitos del Código Penal y los condena hasta con 50 años de prisión, en el caso del sicariato. La normativa tipifica, además, delitos financieros, como las estafas piramidales, delitos ambientales, tráfico de personas, entre otros.
Fuente: Diario Libre
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