 en un caso polémico. La Policía Nacional, junto con inspectores y representantes del Ministerio Público, lo interceptaron en Baní mientras conducía un camión del ayuntamiento. Durante la inspección, se encontraron libros del Estado Civil de la oficialía de Neyba, presuntamente usados para alterar registros de nacimiento con fines fraudulentos. Las investigaciones sugieren que estos documentos se manipulaban para crear vínculos falsos con personas fallecidas, con el fin de reclamar herencias y facilitar procesos ilegales de identidad. La JCE había pedido el sometimiento del alcalde, indicando que estos actos eran parte de una red organizada con acceso a documentos sensibles. A pesar de la gravedad, Ramírez Reyes fue liberado sin una explicación pública clara por parte del Ministerio Público o la Policía Nacional. Este incidente ha reavivado el debate sobre la debilidad institucional ante delitos de falsificación de documentos públicos y trata de personas, generando preocupación y demandas de transparencia y rendición de cuentas por parte de la sociedad. Fuente: El Testigo){kind=link}
El alcalde del Distrito Municipal de Monserrat, Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, fue arrestado y liberado pocas horas después, tras ser sorprendido con libros oficiales de la Junta Central Electoral (JCE) en un caso polémico.
La Policía Nacional, junto con inspectores y representantes del Ministerio Público, lo interceptaron en Baní mientras conducía un camión del ayuntamiento. Durante la inspección, se encontraron libros del Estado Civil de la oficialía de Neyba, presuntamente usados para alterar registros de nacimiento con fines fraudulentos.
Las investigaciones sugieren que estos documentos se manipulaban para crear vínculos falsos con personas fallecidas, con el fin de reclamar herencias y facilitar procesos ilegales de identidad. La JCE había pedido el sometimiento del alcalde, indicando que estos actos eran parte de una red organizada con acceso a documentos sensibles.
A pesar de la gravedad, Ramírez Reyes fue liberado sin una explicación pública clara por parte del Ministerio Público o la Policía Nacional. Este incidente ha reavivado el debate sobre la debilidad institucional ante delitos de falsificación de documentos públicos y trata de personas, generando preocupación y demandas de transparencia y rendición de cuentas por parte de la sociedad.
Fuente: El Testigo
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