”, a través de “cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otro bien”. RELACIONADAS Justicia Acusados en Calamar cuestionan 'criterio de oportunidad' a seis involucrados en el caso Justicia Ángel Lockward dice que los RD$220 millones que devolvió al Ministerio Público son de sus honorarios Mimilo convino entregar “715 millones en efectivos y bienes inmuebles”. Ambos señalados son partes de los delatores del expediente, que asumieron su responsabilidad de asociación de malhechores, sobornos y lavado de activos.“Se ha solicitado el criterio de oportunidad en base a su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, añaden los documentos notificados a las partes de Operación Calamar. Además de Mimilo y Crisóstomo Herrera, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita también un criterio de oportunidad a favor de Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L. Las defensas de los que han sido formalmente acusados han calificado el acuerdo con los delatores como irregular. La Pepca acusó formalmente a 34 personas y 13 empresas de haber estafado al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de “contratos de cesiones de créditos simulados sin causas o por causa de pago de deudas inexistentes, entre los propietarios o supuestos propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos”, declarados de utilidad pública. También, mediante sobornos a contratistas para financiar “ilícitamente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo”, quien es uno de los principales imputados, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Su participación en la “red” A Fernando Crisóstomo se le señala como el que identificaba los casos que podían ser de reclamos de pagos de deuda administrativa al Estado por expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), mientras que Jiménez Collie (a) Mimilo fungía como el contacto directo con el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz y la estructura no gubernamental que manejaba Fernando Crisóstomo. A ambos se les vincula como parte del esquema de cobro ilícito a bancas deportivas y de loterías, a las que se forzaba a pagar una mensualidad como forma de soborno, bajo la amenaza de cierre. Leer más Mimilo: Cobros en Calamar siguieron aún después de la campaña del 2020 Chofer, testigo en Calamar, narra cómo movía maletas de dinero durante campaña){kind=link}
El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, también conocido como Mimilo, y Fernando Crisóstomo Herrera, quienes están implicados en el escándalo de corrupción conocido como Caso Calamar, han acordado restituir al Estado la suma de 1,816,770,078 pesos en efectivo y propiedades después de negociar con el Ministerio Público. Esta negociación ha llevado al Ministerio Público a retirar los cargos penales en contra de los dos acusados, aunque la aprobación final de estos acuerdos está pendiente de la decisión del tribunal.
De acuerdo a los documentos presentados en el proceso legal y notificados a las partes, Crisóstomo Herrera ha acordado con el Ministerio Público que "el pago debe realizarse antes de la homologación judicial" del acuerdo de cooperación, cuya audiencia está programada para el 13 de junio de este año.
Crisóstomo Herrera ha acordado de forma voluntaria que la cantidad de "mil cientos un millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos (1,101,770,078.50.00)" sea incautada en beneficio del Estado dominicano, ya sea a través de cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, propiedades inmuebles u otros bienes.
Mimilo ha acordado entregar "715 millones en efectivo y propiedades inmuebles". Ambos acusados han admitido su responsabilidad en asociación ilícita, sobornos y lavado de activos, y han solicitado el acuerdo de cooperación basado en su arrepentimiento y disposición a colaborar con las autoridades para implicar a otros responsables.
Además de Mimilo y Crisóstomo Herrera, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) también ha solicitado un acuerdo de cooperación a favor de Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L. Las defensas de aquellos acusados formalmente se han opuesto al acuerdo con los delatores, calificándolo como irregular.
La Pepca ha presentado cargos formales en contra de 34 personas y 13 empresas por estafar al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de contratos simulados de cesión de créditos, sobornos a contratistas para financiar la campaña del PLD a favor de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón> Peralta, entre otros imputados.
Según las investigaciones, Crisóstomo Herrera identificaba los casos de reclamo de pagos de deudas administrativas al Estado relacionadas con expropiaciones de inmuebles y adquisiciones de terrenos, mientras que Mimilo actuaba como contacto directo con Donald Guerrero Ortiz y la estructura no gubernamental manejada por Crisóstomo. Ambos están vinculados a un esquema de extorsión a bancas deportivas y de lotería, obligándolas a pagar sobornos mensuales bajo amenaza de cierre.
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