, defendió el acuerdo de criterio de oportunidad alcanzado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina. Este acuerdo ha sido criticado, especialmente por miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes consideran que Montilla Sierra debió enfrentar un proceso judicial. Valerio argumentó que los críticos desconocen la naturaleza de los acuerdos judiciales y destacó que este caso ha permitido la recuperación de una suma significativa. El 2 de este mes, un juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aprobó el acuerdo, en el cual Montilla Sierra y sus empresas aceptan su responsabilidad penal y consienten el decomiso de RD$2,000 millones a favor del Estado dominicano. Además, se comprometieron a pagar RD$600 millones como indemnización a EdeEste, EdeSur y EdeNorte, y RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Fuente: El Testigo){kind=link}
Miguel Valerio, abogado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), defendió el acuerdo de criterio de oportunidad alcanzado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina.
Este acuerdo ha sido criticado, especialmente por miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes consideran que Montilla Sierra debió enfrentar un proceso judicial. Valerio argumentó que los críticos desconocen la naturaleza de los acuerdos judiciales y destacó que este caso ha permitido la recuperación de una suma significativa.
El 2 de este mes, un juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aprobó el acuerdo, en el cual Montilla Sierra y sus empresas aceptan su responsabilidad penal y consienten el decomiso de RD$2,000 millones a favor del Estado dominicano.
Además, se comprometieron a pagar RD$600 millones como indemnización a EdeEste, EdeSur y EdeNorte, y RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Fuente: El Testigo
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