.De acuerdo a una resolución emitida el lunes, las comunicaciones que mantenía Quezada excedían los fundamentos que sostiene el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el articulo 41 del Reglamento Penitenciario que regula los contactos que el recluso puede tener con el exterior.Julia Quezada, no estaría cumpliendo los requisitos y autorizaciones establecidos en una resolución emitida en 2020, para que periodistas puedan entrevistar reclusos.Por eso, pese a que el Tribunal Constitucional ya avaló el derecho de los internos de prisiones a hablar con la prensa, Interior decide suspender las comunicaciones telefónicas de la asesina de Gabriel Cruz con una persona concreta, que responde a las iniciales de C.L.W., y que trabaja para una productora de televisión. RELACIONADAS Actualidad Madre del niño asesinado por dominicana en España busca frenar documental sobre el caso Actualidad Tribunal Supremo de España confirma sentencia a Ana Julia Quezada Madre de Gabriel Cruz pide ayuda para evitar series que "se lucren" con su hijoLa madre de Gabriel asegura que aportó a Instituciones Penitenciarias pruebas de que se estaban realizando entrevistas sin pasar por los cauces oficiales. Patricia Ramírez intentó en diversas ocasiones denunciar esta situación, poniéndola en conocimiento del Ministerio del Interior y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Ramírez ha instado a la mujer que acabó con la vida de su hijo a que "no vuelva a ponerse delante de un micrófono" para hablar del caso, ya que, de lo contrario, volverá a denunciarla por "lesiones" y un presunto delito "contra la integridad moral".Hace un año y medio, la madre del niño asesinado supo que Quezada estaba en un módulo de respeto en la cárcel de Ávila y que había pedido un permiso para grabar dentro de la cárcel, de forma que se había concedido la posibilidad de grabarla en audio, pero no en vídeo, en teoría para que pudiese pagarles la responsabilidad civil que aún no ha abonado.En noviembre de 2023 se enteró de que se estaba grabando un documental dentro de la prisión. Por ello, el 27 de diciembre se reunió con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Vigilancia Penitenciaria.A ambos les comunicó que había tenido conocimiento de que Quezada disponía de "un teléfono móvil" dentro de la prisión y que estaba intentando grabar un documental con la "complicidad de funcionarios dentro de la cárcel". El juez de vigilancia penitenciaria responsable del caso denegó a la madre de Gabriel la posibilidad de personarse y recurrir las supuestas "irregularidades" que se estarían dando en la cárcel.Hace tres años, Patricia Ramírez tuvo que convocar a los medios después de que un "grupo multimedia" visitase Almería para comunicarle que quería hacer un documental con la persona que asesinó a su hijo a propuesta del abogado de Quezada, y le propusieron participar en esta producción.){kind=link}
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que forma parte del Ministerio del Interior, ha decidido suspender las comunicaciones telefónicas de Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, con la productora que está trabajando en un documental sobre el crimen ocurrido en febrero de 2018.
Esta medida fue tomada después de que Patricia Ramírez, la madre del niño asesinado por la entonces pareja de su padre, anunciara que tomaría acciones legales para detener la producción y emisión del mencionado documental.
Patricia Ramírez denunció que el documental contaba con la participación directa de la asesina, quien cumple condena en la cárcel de Brieva (Ávila).
La decisión de Interrumpir las comunicaciones surgió tras una resolución emitida el lunes, en la que se determinó que las conversaciones que mantenía Quezada iban en contra de lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario que regulan las interacciones de los reclusos con el mundo exterior.
Julia Quezada no estaba cumpliendo con los protocolos y autorizaciones necesarias, según una resolución de 2020, para que los periodistas puedan entrevistar a internos.
A pesar de que el Tribunal Constitucional ha respaldado el derecho de los presos a comunicarse con la prensa, el Ministerio del Interior ha decidido suspender las comunicaciones telefónicas de la asesina de Gabriel Cruz con una persona en particular, identificada como C.L.W. y que trabaja para una productora de televisión.
La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, ha presentado pruebas a Instituciones Penitenciarias sobre entrevistas realizadas sin seguir los canales oficiales. También ha intentado denunciar este hecho al Ministerio del Interior y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Ramírez ha solicitado a la persona que le arrebató la vida a su hijo que no participe en ningún otro medio para hablar del caso, advirtiéndole que de lo contrario, procederá con denuncias por lesiones y presunto delito contra la integridad moral.
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