 ha comenzado una investigación de oficio contra cuatro empresas proveedoras del Estado. Estas empresas son Ysabel Gourmet, S.R.L., Guizo y Sabor, S.R.L., D’Angel's Cooking By Sandez, S.R.L. y Crisandez Gourmet, S.R.L. Se sospecha que han incurrido en prácticas de colusión en licitaciones del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). La investigación se formalizó mediante la resolución RII-DE-AAC-003-2025, tras una alerta del INABIE y un análisis preliminar de tres procesos de compra del Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre 2022 y 2023. La investigación preliminar identificó un patrón de conducta inusual, como vínculos societarios entre los oferentes, uso compartido de auditores y notarios, y obtención de documentos clave con numeración consecutiva en las mismas fechas. Esto sugiere una posible coordinación para manipular los resultados de los procedimientos. La conducta se tipifica preliminarmente en el artículo 5, literal «b» de la Ley 42-08, que prohíbe acuerdos para coordinar ofertas. Pro-Competencia aclara que esta resolución inicia la fase de instrucción, donde se profundizará en los hechos y se garantizará el derecho a la defensa de las empresas investigadas, presumiéndolas inocentes hasta una decisión final. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha comenzado una investigación de oficio contra cuatro empresas proveedoras del Estado. Estas empresas son Ysabel Gourmet, S.R.L., Guizo y Sabor, S.R.L., D’Angel’s Cooking By Sandez, S.R.L. y Crisandez Gourmet, S.R.L. Se sospecha que han incurrido en prácticas de colusión en licitaciones del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
La investigación se formalizó mediante la resolución RII-DE-AAC-003-2025, tras una alerta del INABIE y un análisis preliminar de tres procesos de compra del Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre 2022 y 2023.
La investigación preliminar identificó un patrón de conducta inusual, como vínculos societarios entre los oferentes, uso compartido de auditores y notarios, y obtención de documentos clave con numeración consecutiva en las mismas fechas. Esto sugiere una posible coordinación para manipular los resultados de los procedimientos. La conducta se tipifica preliminarmente en el artículo 5, literal «b» de la Ley 42-08, que prohíbe acuerdos para coordinar ofertas.
Pro-Competencia aclara que esta resolución inicia la fase de instrucción, donde se profundizará en los hechos y se garantizará el derecho a la defensa de las empresas investigadas, presumiéndolas inocentes hasta una decisión final.
Fuente: El Testigo
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