El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona ha impuesto tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a varios individuos acusados de participar en una presunta red dedicada a la falsificación de documentos públicos, especialmente cédulas, para extranjeros.
La jueza María Consuelo Valenzuela Pérez, que preside el tribunal, envió a la cárcel a los dominicanos Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, José Alfredo de los Santos Gómez, y a los ciudadanos haitianos Pablo Selmo de la Cruz y/o Félix Pie y Yonel Raphael. Además, impuso una fianza económica y presentaciones periódicas a los imputados Modesto Ogando Alcántara y Nicauri Liselot Bone.
El Ministerio Público, representado por el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos, y la fiscal Esther María González adscrita a la Junta Central Electoral, solicitó la declaración de complejidad del proceso, la cual fue acogida por la magistrada.
La supuesta red dedicada a la falsificación de documentos fue desmantelada por el Ministerio Público en colaboración con la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral, la Dirección Central de Investigación (Dicrim), y el Departamento de inteligencia Sensitiva (DIS) de la Policía Nacional.
¿Cómo operaba la estructura
Según el órgano persecutor, esta organización operaba en el sur de la República Dominicana con base en Barahona. Se dedicaba a cometer crímenes de falsificación de documentos públicos con alcance internacional, vinculando sus acciones con el lavado de dinero, perjudicando a sus víctimas y al Estado dominicano.
Se identificó que la red era liderada por Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, en asociación con José Alfredo de los Santos Gómez, Divisay Altagracia Amparo de Vásquez y Nicauri Licelot Bone, quienes operaban en los laboratorios de falsificación de documentos y ofrecían servicios a nacionales extranjeros, especialmente haitianos.
La investigación se inició con el arresto de tres extranjeros en situación migratoria irregular que tenían identificaciones falsas, supuestamente proporcionadas por Selmo y/o Felix Pie a cambio de cantidades de dinero.
El Ministerio Público indicó que el grupo delictivo utilizaba una furgoneta para trasladarse a Barahona, reclutar extranjeros ilegales, y proveerles de documentación falsa.
En los allanamientos a los implicados, se incautaron máquinas para producir cédulas, plásticos de cédulas falsas, carnet de Inteligencia de la Policía Nacional, hojas timbradas de la JCE, thinner, y numerosas actas de nacimiento falsificadas.
El Ministerio Público señaló que el grupo utilizaba centros de copiado y fotografía en Santo Domingo Norte, así como un laboratorio en el Distrito Nacional, y una casa en San Vicente de Paúl, donde falsificaban actas, apostillas, y correcciones administrativas.
Cargos
El Ministerio Público imputó a los miembros de la red la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y otras leyes relacionadas con cédulas y protección de los datos personales.
En la audiencia, representantes de la Junta Central Electoral, incluyendo el consultor jurídico Dennys Díaz Mordan y el subconsultor Juan Cáceres, estuvieron presentes.
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 y el Departamento de inteligencia Sensitiva (DIS) de la Policía Nacional.¿Cómo operaba la estructuraSegún el órgano persecutor, esta estructura operaba en la zona sur de la República Dominicana con su sede en la ciudad de Barahona. Se dedicaba a realizar la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación pública con alcance trasnacional para materializar sus actividades ilícitas, afiliando sus acciones con el lavado de activos, en perjuicio de sus víctimas y del Estado dominicano.Señaló que la red era encabezada por Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, que trabajaban en asociación con los nombrados José Alfredo de los Santos Gómez, Divisay Altagracia Amparo de Vásquez y Nicauri Licelot Bone, quienes operaban en los laboratorios de falsificación de documentos, además utilizaban los servicios de Amauris Jesús Figuereo, Aquilino Alcántara, César Augusto Feliz Reyes, Ismael Josué Gaurdaramos, para lograr su cometido de conseguir documentación falsificada a nacionales extranjeros, específicamente haitianos.La investigación al respecto comenzó con el arresto de tres extranjeros en situación migratoria irregular, quienes tenían en su poder documentos falsos, los cuales afirmaron recibieron de Selmo y/o Felix Pie, que, alegadamente, les facilitaba la identidad bajo el argumento que eran documentos legales y a cambio del pago de sumas que oscilan entre 70 mil y cien mil pesos.El Ministerio Público estableció que, en sus métodos de operación, el grupo delictivo utilizaba una furgoneta que se trasladaba a Barahona, específicamente a la comunidad de Enriquillo, donde reclutaban extranjeros ilegales para dotarlos de documentos falsos.Indicó que luego de recibir esta información, inició una investigación con la finalidad de desmantelar esta estructura criminal, para lo cual requirió una autorización de agentes encubiertos NO. 589-01-2024-AJ-00901, misma que fue emitida por la Jueza de la Instrucción, María Consuelo Valenzuela Pérez, de fecha 12 de marzo del 2024, para identificar los lugares donde funcionaban los laboratorios para realizar la falsificación de los documentos públicos y privados que estaban afectando a la Junta Central Electoral y otras instituciones del Estado dominicano, así como también determinar quiénes conformaban la estructura delictiva.Durante los allanamientos y arrestos de los implicados, se ocuparon en su poder máquinas para la confección de cédulas, cientos de plásticos de cédulas falsas y/o alterados, carnet del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, hojas timbradas de la JCE, plásticos, thinner, así como una gran cantidad de actas de nacimiento alteradas. Sus operaciones en el Gran Santo Domingo El Ministerio Público señaló que para materializar estos hechos, el grupo utilizaba centros de copiados y fotográficos, ubicados en la calle Respaldo Progreso, sector Los Palmares, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, así como un laboratorio en un edificio de pensión ubicado en la calle Altagracia esquina Benito González del Distrito Nacional, un edificio de cuatro niveles y una casa familiar ubicada en la San Vicente de Paúl, esquina calle Primera, donde funcionaba el laboratorio de actas, apostillas falsas, y correcciones administrativas falsas.CargosAnte el tribunal, el órgano persecutor del delito demostró el riesgo que constituye para el proceso la imposición de otra medida que no sea la prisión preventiva, como medida de coerción.En el expediente presentado por el Ministerio Público le imputa a los miembros de esta red la violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 145, 147, 148, 150, 151 del Código Penal Dominicano, así como también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas y los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales.En la audiencia también estuvieron en representación de la Junta Central Electoral, el consultor jurídico Dennys Díaz Mordan y el subconsultor Juan Cáceres){kind=link}