En la República Dominicana, se han bloqueado más de 96,000 celulares desde el 2022 debido a reportes de robo, pérdida o alteración de serie. Esta medida se implementó como parte de la actualización de una normativa que busca reducir el problema de los celulares robados, aunque no se espera eliminarlo por completo.
Según el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la normativa del Sistema de Series Negadas enfrenta desafíos debido a la evolución de los delitos relacionados con los celulares, que van más allá del simple robo para venderlos completos o por partes. Uno de los obstáculos principales es la falta de conocimiento por parte de la población y las telefónicas sobre cómo reportar un celular perdido o robado.
Cinthia Joa Rondón, directora de Regulación y Defensa de la Competencia del Indotel, explicó que esta iniciativa se remonta al 2002 y ha tenido diversas actualizaciones, siendo la más reciente en 2020. Esta última actualización busca incluir la lista internacional de series negadas administrada por la GSMA, la Asociación de Equipos que utilizan el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles.
Tras la entrada en vigencia de la normativa, el Indotel informó de una disminución del 49.45% en las series reportadas como robadas, comparando el periodo entre 2019 y 2021 con los últimos dos años. Sin embargo, el Indotel aclara que no maneja estadísticas de denuncias, las cuales deben hacerse directamente a la Policía Nacional.
Además, se han reportado casos de celulares traídos desde el exterior, con la GSMA registrando 162,527 equipos robados en diferentes países, principalmente en Estados Unidos, y trasladados a República Dominicana.
Isaac Ramírez, experto en tecnología, señaló que en el país se han registrado diferentes delitos relacionados con los celulares, como la extorsión. Los enfoques de los delincuentes han evolucionado, y ahora buscan acceder a información personal y realizar transferencias ilegales de dinero a través de los dispositivos robados.
La normativa actual enfrenta retos como la falta de datos sobre delitos de alta tecnología y la ausencia de un régimen de consecuencias para quienes infringen la ley. Uno de los desafíos importantes es lograr que la ciudadanía conozca los pasos para reportar robos y pérdidas de celulares, así como mejorar las estadísticas relacionadas con estos casos.
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