En la República Dominicana llegó la hora de dejar la ambigüedad. No se puede denunciar la infiltración del narcotráfico en la política, en los partidos y en la vida cotidiana, y al mismo tiempo oponerse a toda medida real para combatirlo. La autorización “provisional” otorgada por el Gobierno dominicano para que Estados Unidos utilice dos aeropuertos del Gran Santo Domingo dentro de la operación Lanza del Sur no es una entrega de soberanía: es una respuesta proporcionada ante un problema que hace tiempo desbordó nuestras capacidades.
Conviene recordar una verdad incómoda: los casos de narcotráfico que más han sacudido al país no los descubrieron nuestras instituciones, sino agencias estadounidenses. Desde redes incrustadas en zonas francas y aeropuertos hasta políticos, empresarios y funcionarios, el hilo siempre terminó en expedientes construidos fuera. Mientras aquí se discutía si “dañaba la imagen del país”, allá se conectaban las piezas que demostraban cómo carteles internacionales utilizaban territorio dominicano como corredor estratégico.
Por eso esta cooperación debe verse como una intervención necesaria. La soberanía no significa cerrar los ojos mientras mafias transnacionales corrompen policías, financian campañas y compran voluntades. Significa defender al Estado de quienes buscan capturarlo. Y para eso, en ocasiones, se necesita la pericia de quien tiene más herramientas y experiencia para cortar el tumor.
Apoyar Lanza del Sur es coherencia básica. No se puede exigir firmeza contra el narco y luego bloquear las acciones que realmente lo afectan. Si de verdad queremos limpiar el sistema, no hay espacio para mezquindades: contra el narcotráfico no hay medias tintas. Hay que darle donde más duele.
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