El aeropuerto de la capital, el más importante del país, quedó nueve horas sin luz. No fue un barrio, no fue un apagón aislado en una comunidad: fue la puerta de entrada de la nación. Nueve horas en las que mostramos al mundo que el país que se vende como destino moderno es incapaz de encender un bombillo en su terminal más estratégica.
Esto no es un accidente, es una negligencia. En un aeropuerto no se “va la luz”, se activa un sistema de respaldo, entra en funcionamiento la redundancia, se protege la operación. Pero aquí no pasó nada de eso. Aquí lo que hubo fue oscuridad, improvisación y silencio.
AERODOM debe responder. No con comunicados técnicos ni excusas ridículas, sino con responsabilidades. Porque administrar un activo estratégico no es un negocio cualquiera: es una obligación de seguridad nacional. Un aeropuerto sin luz no es solo una vergüenza, es una amenaza. Y quien lo permite incumple el contrato, la ley y el sentido común.
Pero la culpa no es solo del concesionario. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el regulador que debía vigilar? Delegar no significa desaparecer. Una autoridad que no audita, no sanciona y no actúa es un cómplice. Y su silencio es tan grave como el apagón.
Aquí deben rodar cabezas. Deben revisarse contratos, aplicarse sanciones ejemplares y, si hace falta, plantear la rescisión de la concesión. Porque lo ocurrido no es un incidente aislado: es un síntoma de impunidad. Y mientras no se enciendan las luces de la sanción y la rendición de cuentas, cada avión que aterrice traerá turistas… y se llevará testigos de nuestra incapacidad.
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