En teoría, las alianzas público-privadas son un modelo perfecto: el Estado no gasta dinero propio, se desarrollan obras necesarias y ambas partes ganan. Pero en la práctica, cuando el traje lo cose el empresario, lo que debía ser política pública se transforma en un canal de privilegios y corrupción.
El libreto es conocido: el privado identifica un proyecto, redacta su propuesta con indicadores que solo él puede cumplir, la viste con promesas de modernidad y la coloca sobre la mesa del gobierno. ¿Resultado? Un concurso ficticio donde no hay competencia real, porque nadie más puede entrar en un esquema hecho a medida.
Así, la APP deja de ser un mecanismo para impulsar el país y se convierte en la coartada perfecta para entregar patrimonio público bajo el disfraz de desarrollo. El Estado ya no decide en función de la necesidad colectiva, sino de quién tiene más influencia política… o de quién moja más manos.
¿Quién fiscaliza en ese escenario? Nadie. Lo que debía ser igualdad de condiciones se reduce a una formalidad. Lo que debía ser beneficio compartido, termina siendo un negocio particular. Y lo que debía blindar al país contra la corrupción, abre otra puerta para los mismos vicios de siempre.
Las APP deben nacer de una agenda pública clara: es el Estado quien debe identificar necesidades, declarar la utilidad y convocar a todos los que puedan servir al interés común. Cualquier otro camino es un fraude disfrazado de modernidad.
Porque si el modelo es perfecto en la teoría, pero en la práctica sirve para blindar privilegios, entonces no hablamos de alianzas, hablamos de complicidades. Y esas complicidades, tarde o temprano, terminan en los tribunales.
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