Un grupo de once ciudadanos dominicanos está siendo acusado de llevar a cabo una red de estafas dirigida a ancianos estadounidenses desde la República Dominicana. Estos individuos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los 19 cargos presentados por el Departamento de Justicia en una corte de Nueva Jersey.
En caso de ser encontrados culpables, los acusados podrían encarar un total de 380 años en prisión en Estados Unidos. Los cargos incluyen conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de las penas de prisión, el grupo también podría enfrentar multas de hasta 0,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, y hasta 0,000 por cada cargo de lavado de dinero. Los acusados se comunicaban con ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y solicitando ayuda económica bajo falsos pretextos, como accidentes automovilísticos ficticios.
Entre las víctimas se encontraban "abuelos" de varios estados, incluyendo Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Del grupo de once hombres, cinco han sido arrestados y cinco permanecen prófugos mientras se espera su extradición.
Seis de los acusados siguen prófugos
Los sospechosos prófugos son Nelson Rafael González Acevedo, Miguel Ángel Fortuna Solano, Carlos Javier Estévez, Louis Junior Rodríguez Serrano, Miguel Ángel Vásquez y Jovanni Antonio Rosario García. Los individuos arrestados son Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, José Ismael Dilón Rodríguez, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y Nefy Vladimir Parra Arias.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá la solicitud de extradición de cuatro de los cinco dominicanos arrestados. Los otros acusados en la red, que residían en Nueva York, ya han sido detenidos por las autoridades estadounidenses.
Este grupo se encargaba principalmente de recolectar el dinero en efectivo enviado por los ancianos y enviarlo a la República Dominicana. Fueron acusados de conspiración de fraude electrónico como parte de este esquema. A pesar de las acusaciones, se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
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