 mientras mantiene su cargo en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esta decisión ha generado críticas por parte de Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista, que cuestiona la legitimidad jurídica de la doble designación. Según ellos, esta situación podría dificultar la dedicación necesaria para ambos roles, que son cruciales para la transparencia y la institucionalidad. Participación Ciudadana argumenta que la designación contraviene el artículo 144 de la Constitución Dominicana, el artículo 19 de la ley de Alianzas Público-Privadas y el numeral cinco del artículo 80 de la ley de Función Pública. Estos establecen restricciones sobre la ocupación simultánea de cargos públicos, salvo ciertas excepciones. Además, señalan que el cargo de director de Compras y Contrataciones Públicas no debería ser considerado honorífico, ya que esto no puede ser modificado por un decreto presidencial. La preocupación principal es que Pimentel podría convertirse en "juez y parte" en los procesos de adjudicación de proyectos entre el Estado y empresas privadas, lo que podría generar conflictos de interés. Antoliano Peralta, consultor del Poder Ejecutivo, también ha expresado inquietudes similares. Pimentel, por su parte, ha defendido la legalidad de su designación y ha anunciado la incorporación de un oficial de cumplimiento regulatorio para evitar malas interpretaciones. Sin embargo, Participación Ciudadana insiste en que la concentración de cargos podría afectar las funciones de la DGCP y espera que se designe a alguien que inspire confianza y garantice la continuidad de los avances logrados en los últimos años. Fuente: Listín Diario){kind=link}
Carlos Pimentel ha sido designado como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) mientras mantiene su cargo en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esta decisión ha generado críticas por parte de Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista, que cuestiona la legitimidad jurídica de la doble designación. Según ellos, esta situación podría dificultar la dedicación necesaria para ambos roles, que son cruciales para la transparencia y la institucionalidad.
Participación Ciudadana argumenta que la designación contraviene el artículo 144 de la Constitución Dominicana, el artículo 19 de la ley de Alianzas Público-Privadas y el numeral cinco del artículo 80 de la ley de Función Pública. Estos establecen restricciones sobre la ocupación simultánea de cargos públicos, salvo ciertas excepciones. Además, señalan que el cargo de director de Compras y Contrataciones Públicas no debería ser considerado honorífico, ya que esto no puede ser modificado por un decreto presidencial.
La preocupación principal es que Pimentel podría convertirse en "juez y parte" en los procesos de adjudicación de proyectos entre el Estado y empresas privadas, lo que podría generar conflictos de interés. Antoliano Peralta, consultor del Poder Ejecutivo, también ha expresado inquietudes similares.
Pimentel, por su parte, ha defendido la legalidad de su designación y ha anunciado la incorporación de un oficial de cumplimiento regulatorio para evitar malas interpretaciones. Sin embargo, Participación Ciudadana insiste en que la concentración de cargos podría afectar las funciones de la DGCP y espera que se designe a alguien que inspire confianza y garantice la continuidad de los avances logrados en los últimos años.
Fuente: Listín Diario
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