Los franqueadores, escoltas motorizados asignados a altos funcionarios del Estado, han sido objeto de críticas por su uso excesivo, incluso para personas de menor jerarquía. Esta práctica ha generado descontento ciudadano y ha sido tema en campañas electorales.
Con la llegada del presidente Luis Abinader en 2020, se implementaron medidas para regular su uso, como el Decreto 3-22 en 2022 y el Decreto 71-24 en 2024, limitando su asignación a doce cargos específicos y permitiendo excepciones solo por el Ministro Administrativo de la Presidencia.
Recientemente, un incidente reavivó el debate sobre el uso indebido de franqueadores. Un individuo en un Mercedes Benz Clase G, escoltado por motocicletas y una Chevrolet Tahoe sin placa, fue denunciado por conducir de manera temeraria en Santo Domingo. La placa del vehículo, EM00551, estaba registrada a un Hyundai Sonata del Ayuntamiento de Boca Chica, lo que plantea interrogantes sobre su asignación y por qué el individuo no ha sido detenido.
Este caso resalta los riesgos del abuso de poder y el impacto negativo en la percepción pública de los cuerpos de seguridad. La ciudadanía espera respuestas y acciones concretas para evitar que las calles de Santo Domingo se conviertan en escenarios de despliegues ostentosos e innecesarios.
La transparencia y el respeto a la ley son esenciales para una gobernanza justa, y los medios de comunicación juegan un papel crucial en visibilizar estos abusos. La sociedad dominicana, lejos de ser olvidadiza, observa y actúa cuando es necesario, recordando a quienes creen estar por encima de la ley que el bienestar colectivo es prioritario.
Fuente: El Testigo
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