Autoridades haitianas en Ouanaminthe informaron que, tras la detención de tres presuntos traficantes entre febrero y mayo, se ha desarticulado parte de una red dedicada al traslado de niñas desde el norte de Haití hacia la República Dominicana. Pese a los avances, los investigadores advierten que varias menores permanecen desaparecidas, lo que evidencia la dimensión del problema en la frontera.
El caso más alarmante ocurrió el 7 de mayo, cuando la Brigada de Protección de Menores de Ouanaminthe arrestó a Wilner Honoré —un contrabandista procedente de Limonade— mientras intentaba cruzar la frontera con una niña de 13 años, identificada como Louidjina Vincent. Según la policía, Honoré trasladaba a varios menores por pasos no oficiales hacia la República Dominicana; Louidjina es, por ahora, la única que ha sido localizada.
Antes de esa captura las autoridades habían detenido a dos mujeres acusadas de atraer a niñas con falsas promesas de trabajo y seguridad: Gaël Charles, arrestada el 12 de febrero, y Bedesaïda “Dada” Joseph, detenida el 13 de marzo. Ambas investigaciones apuntan a tácticas de engaño que explotan la pobreza y la desesperación de las familias.
Los relatos de supervivientes y familiares describen cómo los traficantes ofrecen empleo, vivienda o “oportunidades” que terminan en explotación sexual y prostitución forzada. Jóvenes rescatadas relatan agresiones y tratos que solo pudieron evitar gracias a terceros y a la intervención policial. Estas denuncias han generado también rumores y temores sobre vínculos con formas más extremas de explotación, incluidos rumores sobre tráfico de órganos, que han alarmado a las comunidades fronterizas.
Las autoridades haitianas reconocen limitaciones operativas: la Brigada de Ouanaminthe dispone de pocos recursos para enfrentar una crisis en expansión, lo que dificulta la investigación y la protección de las víctimas. Inspector Wilner Désir, que lidera las pesquisas, ha pedido «colaboración real, mejor equipamiento y cooperación transfronteriza» para impedir que las redes sigan aprovechándose de niñas y familias vulnerables.
En el plano legal, el código penal haitiano contempla penas severas para delitos contra menores —incluyendo secuestro, explotación sexual y trata— con reclusiones de larga duración cuando se prueba la culpabilidad. No obstante, observadores señalan que la aplicación de la ley suele verse socavada por recursos limitados, corrupción y acuerdos informales entre familias, que en ocasiones desvían los procesos judiciales.
Las detenciones han tenido desenlaces diversos: mientras Honoré fue remitido al Instituto de Bienestar y Recherches Sociales (IBESR) y permanece en prisión en Fort-Liberté, y Joseph aguarda revisión judicial, fuentes indican que Charles fue liberada tras un arreglo privado entre familiares, lo que pone de relieve cómo negociaciones informales pueden frustrar la justicia.
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