El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, expresó preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses al designar a Carlos Pimentel como director tanto de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) como de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
En una carta del 3 de octubre, Peralta destacó que, según la Ley 47-20, el director de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, mientras que el director de la Dgapp solo tiene voz. Esto podría permitir que una persona en ambos cargos influya en decisiones del Consejo, comprometiendo la objetividad.
Además, la Ley 340-06 establece que la DGCP supervisa los procesos de contratación pública, incluidos los de la Dgapp. Peralta advierte que una misma persona en ambas posiciones podría supervisar y ejecutar los mismos procesos, afectando la imparcialidad. La Ley 247-12 también subraya la necesidad de separar funciones entre supervisores y operadores, lo que podría verse comprometido en este caso.
Desde el anuncio del decreto que designa a Pimentel, ha habido críticas sobre su doble rol como "juez y parte" en proyectos entre el Estado y empresas privadas. En respuesta, Pimentel defendió la legalidad de su nombramiento y anunció la designación de un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones para evitar malas interpretaciones.
Fuente: Listín Diario
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 como de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). En una carta del 3 de octubre, Peralta destacó que, según la Ley 47-20, el director de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, mientras que el director de la Dgapp solo tiene voz. Esto podría permitir que una persona en ambos cargos influya en decisiones del Consejo, comprometiendo la objetividad. Además, la Ley 340-06 establece que la DGCP supervisa los procesos de contratación pública, incluidos los de la Dgapp. Peralta advierte que una misma persona en ambas posiciones podría supervisar y ejecutar los mismos procesos, afectando la imparcialidad. La Ley 247-12 también subraya la necesidad de separar funciones entre supervisores y operadores, lo que podría verse comprometido en este caso. Desde el anuncio del decreto que designa a Pimentel, ha habido críticas sobre su doble rol como "juez y parte" en proyectos entre el Estado y empresas privadas. En respuesta, Pimentel defendió la legalidad de su nombramiento y anunció la designación de un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones para evitar malas interpretaciones. Fuente: Listín Diario){kind=link}