Héctor Eduardo Arias Mejía, ciudadano dominicano de 44 años y residente en Leominster, Massachusetts, se declaró culpable el miércoles en una corte federal de los cargos de robo de identidad agravado y de hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Richard G. Stearns, programó la sentencia para el 7 de mayo de 2025.
Arias Mejía solicitó un pasaporte de los Estados Unidos y una identificación Real ID del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts utilizando el nombre y la información biográfica de un residente de Puerto Rico. Para respaldar su solicitud, presentó una licencia de conducir de Massachusetts con la identidad del ciudadano puertorriqueño pero con su propia fotografía, una tarjeta del Seguro Social y un certificado de nacimiento emitido en Puerto Rico, ambos a nombre del ciudadano. El 25 de febrero de 2020, Arias Mejía, nuevamente utilizando la identidad del ciudadano, solicitó un pasaporte estadounidense en la oficina postal de Fall River, presentando la Real ID y el certificado de nacimiento fraudulentos. El pasaporte fue emitido posteriormente.
Las autoridades descubrieron las actividades fraudulentas de Arias Mejía durante una investigación sobre individuos que recibían beneficios gubernamentales simultáneamente en Boston y Puerto Rico. Al detectar que una misma identidad estaba siendo utilizada para obtener beneficios en ambas localidades, se entrevistó al individuo en Puerto Rico, quien se determinó que estaba recibiendo los beneficios legítimamente. Una investigación adicional reveló que la persona que recibía beneficios bajo el mismo nombre en Boston era Arias Mejía, quien había estado utilizando la identidad del ciudadano puertorriqueño desde al menos 2011.
El cargo de hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000 dólares. El cargo de robo de identidad agravado impone una sentencia obligatoria de dos años de prisión, que debe cumplirse consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta, hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000 dólares. Además, Arias Mejía enfrentará un proceso de deportación al completar su sentencia.
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Fraude de Documentos y Beneficios de Investigaciones de Seguridad Nacional, compuesto por diversas agencias estatales, locales y federales especializadas en detectar y prevenir fraudes relacionados con documentos, identidad y beneficios. La fiscal federal Leah B. Foley y Michael J. Krol, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra, anunciaron el resultado del caso. La investigación también contó con la colaboración de varias agencias, incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional en Santo Domingo, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE.UU. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto David G. Tobin, de la Unidad de Delitos Mayores.
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