En la República Dominicana, la corrupción parece tener ciclos eléctricos: aparece, se denuncia, se apaga… y luego resurge, más adaptada, más encubierta, más peligrosa. El caso del “Pulpo Eléctrico”, que estremeció al país por las redes de corrupción tejidas desde el corazón del sistema energético estatal, parecía el clímax de este drama. Pero no. Lo que viene puede ser aún más profundo y más indignante: el caso de las "Anguilas Eléctricas".
Estas "anguilas", aún nadando en la oscuridad, están dejando un rastro de escándalos que apuntan directamente a empresas generadoras de electricidad públicas, pero también a funcionarios, contratistas y operadores políticos disfrazados de técnicos.
Las anguilas no solo dan corriente. También mueven tierra… y dinero
A diferencia del “pulpo”, cuyas maniobras se enfocaban en contratos amañados, adquisiciones infladas y triangulaciones financieras, las “anguilas” han sido más arteras. Su energía no se limita al sistema eléctrico: se ramifica hacia comisiones ilegales a contratistas, desarrollo de caminos vecinales sin planificación ni necesidad, y licitaciones diseñadas a la medida para compañeros de movimiento político.
¿El truco? Usar el rostro de desarrollo comunitario para encubrir un sistema de sobornos, favores y contratos amañados. Así, lo que parece una obra pública se convierte en una mina de oro para operadores con conexiones partidarias. El daño no es solo económico; es moral, institucional y ambiental. Las “anguilas eléctricas” incluso han incursionado en la extracción de sedimentos de los ríos, afectando ecosistemas completos bajo el pretexto de limpiezas, dragados y mejoras.
Un sistema que premia a los que saben robar “con papeles”
Los tentáculos del pulpo eran agresivos, pero las anguilas se deslizan con más astucia: conocen los manuales de compras y contrataciones, manejan los tiempos legales, usan empresas de fachada y visten cada fechoría con un contrato firmado, una factura y hasta una foto de primera piedra.
Y mientras tanto, la población sigue pagando una de las tarifas eléctricas más altas de la región, convive con apagones intermitentes y ve cómo las promesas de modernización se desvanecen entre expedientes judiciales que no avanzan y nombres que desaparecen del debate público.
¿Quién cortará la corriente de la corrupción?
Este no es un problema técnico. Es político, estructural y cultural. El sistema eléctrico ha sido utilizado como una de las cajas negras más lucrativas del Estado dominicano, y aunque se han dado pasos en materia de transparencia, aún no hay voluntad para vaciar el estanque entero. No basta con señalar culpables: hay que cerrar los grifos que permiten que estas prácticas se repitan cada cuatro años con nuevos actores y nuevas excusas.
Si queremos dejar atrás esta historia de pulpos y anguilas, el país necesita auditar cada proyecto eléctrico, revisar cada licitación, escarbar cada contrato firmado en nombre del desarrollo, y sobre todo, establecer consecuencias reales, tangibles y ejemplares.
Porque si no hay consecuencias, solo estamos criando nuevos monstruos con el mismo uniforme, esperando su turno para nadar en la corriente sucia del poder.
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