La reciente disposición de la Administración General de Aduanas Haitianas que prohíbe las importaciones terrestres desde República Dominicana, bajo el argumento de combatir el tráfico de armas, merece una lectura crítica más allá de su aparente motivación en materia de seguridad nacional. Si bien Haití enfrenta un contexto sumamente delicado, con altos niveles de violencia y control territorial por parte de grupos armados, la medida tomada no parece responder a una estrategia coherente de contención, sino a presiones de sectores económicos concretos.
Todo indica que la verdadera razón detrás de esta decisión es la creciente presión ejercida por empresarios haitianos propietarios de puertos, quienes han visto menguados sus beneficios ante el auge de las operaciones de tránsito por puertos dominicanos. La dinámica de comercio terrestre —más eficiente, rápida y menos costosa— ha sido, en los últimos años, una vía esencial para el abastecimiento de mercancías en Haití. El desvío progresivo de estas rutas hacia puertos dominicanos ha debilitado la rentabilidad de los puertos haitianos, muchos de ellos controlados por sectores con estrechos vínculos con el poder político.
Esta medida no solo obstaculiza el comercio bilateral y profundiza la crisis humanitaria al limitar el acceso de bienes básicos a la población haitiana, sino que también pone en evidencia una instrumentalización del discurso de seguridad. No se niega que el tráfico de armas sea un problema grave; sin embargo, una política verdaderamente enfocada en reducir este flagelo requeriría mecanismos de inspección fronteriza más eficaces, cooperación binacional y fortalecimiento institucional, no la suspensión total de una de las principales vías de entrada de productos.
Atribuir al comercio terrestre la responsabilidad del armamento que circula en el país es una simplificación que desvía la atención de las redes reales de tráfico —marítimas, aéreas, y muchas veces internas— y de la corrupción que permea las estructuras estatales. En cambio, lo que está en juego es una disputa por el control de las rutas del comercio y por los beneficios aduaneros que de ellas se derivan.
En este contexto, es imperativo que tanto la comunidad internacional como los actores locales y regionales reconozcan el trasfondo económico de esta decisión. Más que una medida para proteger a la población haitiana, parece ser un movimiento para favorecer intereses particulares en detrimento de la ya precaria situación del país. La política comercial no puede seguir siendo rehén de cálculos privados mientras millones de haitianos siguen pagando el precio de decisiones que, aunque revestidas de legalidad, carecen de legitimidad ética.
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