El Grupo Paceo, SRL, a quien acusan de un supuesto fraude inmobiliario en el proyecto West Side Punta Cana, salió al frente este viernes a la denuncia de supuesta amenaza de muerte realizada por el abogado Jean Cristofer Pérez, quien es el representante legal de siete personas que se han querellado por la presunta estafa.
En cuanto a la supuesta amenaza denunciada por Pérez, el abogado del citado grupo, Julio Cury, indicó que se trata de una “dislate trompeteado con el amarillo de la bilis para disparar una falsa alarma y tratar de que el Ministerio Público secunde su sinuoso juego imantado por las elucubraciones, falacias y el inflamado interés personal”.
Mediante un comunicado de prensa, Cury le exhortó a «serenar su mollera, y a que en lugar de andar resoplando sus risibles teorías conspirativas, se provea de los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición».
Sobre la supuesta estafa
Cury expresó que además de que la estafa, como tipo penal, solo se configura “en el deshilachado imaginario” de Pérez, los supuestos poderes especiales en los que se ha amparado para actuar son apenas eficaces en “el zumbido de sus sienes”.
Dijo que los actos notariales que les ha presentado al Ministerio Público para legitimar su alegada calidad de abogado de los presuntos querellantes, “no son las copias certificadas que prevé el párrafo I del art. 16 de la Ley núm. 140-15, del Notariado, amén de que adolecen de una retahíla de vicios de cara a las formalidades exigidas por el mismo texto que las traducen en nulas”.
Mediante un comunicado de prensa, Cury sostuvo que, en el cuerpo de uno de esos actos, aparecen añadiduras escritas a manos sin la firma de los comparecientes ni del notario, lo que vulnera el art. 32 de la Ley núm. 140-15. Asimismo, señaló que la firma de una de las alegadas querellantes que figura en otro acto notarial, es “del todo distinta” a la que ella estampó tanto en el contrato suscrito con Grupo Paceo, SRL, como en el acto de desistimiento del negocio jurídico que habría consentido en una fecha anterior a la del cuestionado documento notarial.
“Sin embargo, lo más embarazoso de todo este rosario desconcertante que podría comprometer la responsabilidad penal del licenciado Pérez, es que Rafael Alcides Camejo Reyes, el notario público que utilizó, es una persona de edad provecta, 97 años para ser preciso, y que El Nuevo Diario, en su edición digital del 4 de febrero pasado, dio cuenta que fue encontrado sin orientación en la autopista de San Isidro, y que al no atinar a decir nada coherente, le fue entregado a la Policía Nacional”, manifestó el jurista.
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