Dos de los cuatro ciudadanos de la República Dominicana arrestados bajo cargos de operar una red de estafa dirigida a personas de la tercera edad en Estados Unidos decidieron presentarse voluntariamente ante la justicia estadounidense, acogiéndose al proceso abreviado de extradición.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (SCJ) llevó a cabo una audiencia donde se evaluó la solicitud de extradición para los cuatro individuos detenidos. Los acusados involucrados en lo que se ha denominado "estafa de abuelos" son: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y José Ismael Diloné Rodríguez
En esta ocasión, Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura manifestaron su decisión de viajar de forma voluntaria a los Estados Unidos para enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les ha imputado por su participación en un esquema de robo que afectó a numerosos ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.
Este proceso implica ahora la intervención de la Fiscalía General de la República para que se tramite y ejecute la solicitud de extradición, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes dominicanas, a fin de que posteriormente sea autorizada por el presidente Luis Abinader para la entrega de los acusados a las autoridades estadounidenses.
Por otro lado, la audiencia correspondiente a la extradición de Juan Rafael Parra Arias y José Ismael Diloné Rodríguez fue postergada para el jueves 9 de mayo, ya que sus abogados indicaron no estar preparados en esta etapa del proceso.
En total, los 11 ciudadanos dominicanos señalados de dirigir esta red de estafas desde su país podrían enfrentar una condena máxima de 20 años por cada uno de los cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia en una corte de Nueva Jersey.
Entre los delitos imputados figuran conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Además de las penas de prisión, el grupo de acusados también estaría sujeto a multas de hasta 250,000 dólares por cargo de fraude postal y electrónico, y hasta 500,000 dólares por cargo de lavado de dinero.
Estos individuos operaban desde centros de llamadas registrados en la República Dominicana, donde se comunicaban con personas de la tercera edad en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares necesitados de ayuda financiera para situaciones ficticias, como accidentes automovilísticos.
Las víctimas de esta red eran personas mayores residentes en varios estados, incluyendo Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Hasta el momento, al menos siete de los acusados continúan prófugos, según las autoridades estadounidenses.
En cuanto al resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer residentes en Nueva York, ya se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses y enfrentan cargos de conspiración de fraude electrónico en relación con el mismo esquema delictivo.
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