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El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aceptó hoy los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y 12 de los acusados en el caso de corrupción revelado con la operación Medusa. De estos implicados, siete son individuos y cinco son entidades jurídicas.
Los convenios entre las partes, formalizados por el juez Amaury Martínez, incluyeron criterios de oportunidad y penal abreviado. La aceptación de estos acuerdos marca el fin del proceso judicial para estos acusados.
La lectura de la sentencia está programada para el próximo lunes, 5 de agosto, a las 3:00 de la tarde.
Acuerdos ratificados
Cesarión Morel Grullón y Constructora Morel Grullón: 1 año y medio de prisión suspendida, colaboración con testimonios, cancelación de registro mercantil y entrega de una propiedad de 6,511.58 metros cuadrados valorada en 16 millones de pesos.
José Alberto Abbott Brugal y Distribuidora Ropi: pago de una multa de 722,744 pesos y cancelación del registro mercantil.
Giselle del Carmen Molano Frías: criterio de oportunidad.
Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International SRL: tres años de prisión suspendida, colaboración con testimonios, cancelación de registro mercantil y entrega de equipos a la PGR valorados en 500 mil dólares.
Felipe Armando Fernández De Castro Asencio: criterio de oportunidad.
Hilda Cristina Jackson Mallol y Ropalma: pago de multa de 722,744 pesos y cancelación del registro mercantil.
Rossanna Vianela Pimentel de Martínez y Comercial Viaros: pago de multa de 722,744 pesos y cancelación del registro mercantil.
El Código Penal Procesal de la República Dominicana, en su Sección II, sobre los Criterios de Oportunidad, establece en el artículo 34 la "Oportunidad de la acción pública", que permite al Ministerio Público prescindir de la acción penal en ciertos casos conforme a criterios establecidos en la ley.
Estos criterios se aplican en situaciones donde el daño causado no es significativo, cuando el imputado ha sufrido un daño grave como consecuencia del delito, o cuando la pena correspondiente carece de importancia en comparación con otras penas impuestas. La aplicación de estos criterios puede decidirse antes de la apertura del juicio, y el Ministerio Público debe velar por una reparación razonable en casos de daño causado.
Fuente: Diario Libre
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