 cuestionó ayer el Fondo de Asistencia Social “barrilito”, el cual señaló como parte del “clientelismo continuo” que tiene el Senado y dijo no constituye la función esencial de un legislador. Erick Hernández-Machado Santana, el coordinador de PC, consideró que la vía para cuestionar este fondo es mediante una acción en inconstitucionalidad en la jurisdicción correspondiente, como el Tribunal Constitucional (TC). De igual manera, el jurista sostuvo que la ayuda social no constituye la función esencial de un legislador en el Congreso. En ese sentido, Machado Santana dijo que “La partida debe de ser cuestionada bajo los criterios de razonabilidad ante la jurisdicción constitucional; es decir, una acción directa de inconstitucionalidad para dar oportunidad a que el único órgano que puede cuestionarlo, el Tribunal Constitucional, pueda y tenga la oportunidad de su revisión”. RELACIONADAS Congreso Nacional Presidente del Senado defiende el barrilito y dice fondos son "total y absolutamente transparentes" Congreso Nacional Barrilito, dietas y sueldos se tragan 70 % del dinero que gasta el Congreso En agosto del 2020, Participación Ciudadana solicitó a los nuevos inquilinos del Senado que su primera medida “sea eliminar los odiosos privilegios que han distorsionado la esencia de la labor del Congreso, que es legislar, representar a los ciudadanos y fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos”.De igual manera, pidió quitar el “cofrecito” de la Cámara de Diputados, consistente en los fondos que se entregan a discreción en fechas especiales.Asimismo, en 2022 reiteró que se eliminen las dos exoneraciones para importar vehículos y que se debe racionalizar la asignación de viáticos y gastos de representación, de oficinas senatoriales Recurso no prosperóEn abril del 2022, la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia (Fundación Deecir) y la señora Finetta Castillo Quiñones sometieron un recurso en el TC contra el barrilito. La acción no prosperó y fue declarada “inadmisible”, porque los demandantes no invocaron la nulidad del acto administrativo, sino que atacaron el beneficio en sí mismo, lo cual escapa del control directo de constitucionalidad ejercido por esa alta corte de la República Dominicana.){kind=link}
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) expresó críticas hacia el Fondo de Asistencia Social conocido como “barrilito”, considerándolo parte del “clientelismo continuo” presente en el Senado, y argumentó que no forma parte de la función esencial de un legislador.
El coordinador de PC, Erick Hernández-Machado Santana, planteó que la forma de cuestionar este fondo sería a través de una acción en inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC).
Asimismo, se sostiene que la ayuda social no debería ser parte de la función esencial de un legislador en el Congreso.
En este sentido, Machado Santana señaló que la partida del “barrilito” debería ser objeto de crítica bajo criterios de razonabilidad ante la jurisdicción constitucional, permitiendo que el Tribunal Constitucional pueda revisarlo.
En agosto de 2020, Participación Ciudadana pidió a los nuevos miembros del Senado que eliminen los privilegios que han distorsionado la labor del Congreso, enfocándose en legislar, representar a los ciudadanos y fiscalizar el uso de fondos públicos. También solicitaron suprimir el “cofrecito” de la Cámara de Diputados y racionalizar la asignación de recursos.
En abril de 2022, la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia (Fundación Deecir) junto a Finetta Castillo Quiñones presentaron un recurso en el TC contra el “barrilito”, el cual fue declarado inadmisible por no invocar la nulidad del acto administrativo.
Fuente: Diario Libre
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