 recomendó a la Contraloría General de la República no registrar ni aprobar ningún tipo de pago asociado a alrededor de 150 contratos suscritos en el marco de tres procedimientos de licitación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la adquisición de utilería escolar, hasta tanto se presenten los resultados definitivos de una investigación de oficio que está en curso.La DGCP recordó que instruyó en el mes de abril una investigación de oficio a los fines de verificar la legalidad de las distintas etapas de los procedimientos de Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN- 2024-0008, INABIE-CCC-LPN- 2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 tras detectar indicios de irregularidades.Reveló que el pasado 15 de mayo remitió a la Contraloría una comunicación en la que detalla algunos hallazgos preliminares que permiten identificar cuáles son los proveedores específicos involucrados en las presuntas irregularidades, cuyos contratos no deben ser registrados ni pagados, hasta tanto se emitan las decisiones finales de las indagatorias.Lo que ha detectado la DGCPEn una comunicación de prensa enviada a los medios, la DGCP explica que dentro de los hallazgos preliminares en la investigación “figuran conductas anticompetitivas como la colusión, conflictos de interés por parte de varias empresas adjudicadas y discrepancias en cuanto a los domicilios presentados por varios oferentes”.Otras posibles irregularidades revelan la existencia de empresas adjudicadas sin poseer el rubro correspondiente en sus constancias de inscripción de Registro de Proveedor del Estado (RPE); irregularidades en cuanto a los criterios de evaluación y adjudicación; falta de claridad y contradicciones en los pliegos de condiciones y posible falta de publicación de las gestiones completas.La DGCP reveló que entre las fechas 24 de abril y 27 de mayo de 2025 informó a los proveedores adjudicados que tenían el derecho de iniciar un procedimiento de investigación de oficio para defender sus contratos, pero a la fecha, sólo 12 adjudicatarios han ejercido su derecho de defensa.“Vencidos los plazos para recibir los escritos de defensa esta Dirección General cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para dictar los resultados preliminares de las investigaciones y notificar a la institución (Inabie), los funcionarios y las demás partes involucradas para que presenten sus argumentos definitivos de defensa, conforme lo dispone el artículo 224 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 416-23”.En ese sentido, la DGCP anunció que en los próximos días estará emitiendo los actos administrativos contentivos de los resultados preliminares de las investigaciones.El órgano rector recordó que, paralelamente a esta investigación, trabaja en colaboración con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en otra investigación especial que incluye entrevistas a peritos y personal de Inabie e intercambio formal de información relevante del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas con la finalidad de identificar posibles responsabilidades de los actores que participaron en los procesos.){kind=link}
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República no registrar ni aprobar ningún tipo de pago asociado a alrededor de 150 contratos suscritos en el marco de tres procedimientos de licitación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la adquisición de utilería escolar, hasta tanto se presenten los resultados definitivos de una investigación de oficio que está en curso.
La DGCP recordó que instruyó en el mes de abril una investigación de oficio a los fines de verificar la legalidad de las distintas etapas de los procedimientos de Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN- 2024-0008, INABIE-CCC-LPN- 2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 tras detectar indicios de irregularidades.
Reveló que el pasado 15 de mayo remitió a la Contraloría una comunicación en la que detalla algunos hallazgos preliminares que permiten identificar cuáles son los proveedores específicos involucrados en las presuntas irregularidades, cuyos contratos no deben ser registrados ni pagados, hasta tanto se emitan las decisiones finales de las indagatorias.
Lo que ha detectado la DGCP
En una comunicación de prensa enviada a los medios, la DGCP explica que dentro de los hallazgos preliminares en la investigación “figuran conductas anticompetitivas como la colusión, conflictos de interés por parte de varias empresas adjudicadas y discrepancias en cuanto a los domicilios presentados por varios oferentes”.
Otras posibles irregularidades revelan la existencia de empresas adjudicadas sin poseer el rubro correspondiente en sus constancias de inscripción de Registro de Proveedor del Estado (RPE); irregularidades en cuanto a los criterios de evaluación y adjudicación; falta de claridad y contradicciones en los pliegos de condiciones y posible falta de publicación de las gestiones completas.
La DGCP reveló que entre las fechas 24 de abril y 27 de mayo de 2025 informó a los proveedores adjudicados que tenían el derecho de iniciar un procedimiento de investigación de oficio para defender sus contratos, pero a la fecha, sólo 12 adjudicatarios han ejercido su derecho de defensa.
“Vencidos los plazos para recibir los escritos de defensa esta Dirección General cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para dictar los resultados preliminares de las investigaciones y notificar a la institución (Inabie), los funcionarios y las demás partes involucradas para que presenten sus argumentos definitivos de defensa, conforme lo dispone el artículo 224 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 416-23”.
En ese sentido, la DGCP anunció que en los próximos días estará emitiendo los actos administrativos contentivos de los resultados preliminares de las investigaciones.
El órgano rector recordó que, paralelamente a esta investigación, trabaja en colaboración con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en otra investigación especial que incluye entrevistas a peritos y personal de Inabie e intercambio formal de información relevante del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas con la finalidad de identificar posibles responsabilidades de los actores que participaron en los procesos.
Fuente: Diario Libre
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