Un ciudadano de Aruba habría fallecido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-XX, en Najayo, San Cristóbal, debido a una infección general causada por una herida en la boca provocada por un médico con una jeringa, quien finalmente lo atendió después de que el recluso llevaba "más de 11 meses" solicitando ayuda por un dolor de muela.
La hermana del fallecido, Jarick Patrick Steven Faro, de 31 años, describe la falta de humanidad de las autoridades de la cárcel ante la solicitud de su pariente de ser llevado a un médico, y que al finalizar la atención, su situación empeoró debido a la lesión causada que no fue tratada con antibióticos.
El interno falleció a causa de la infección general el 24 de mayo, según relata su hermana, Joselyn Farro.
El Defensor del Pueblo informó a Diario Libre que comenzará las investigaciones para que la Dirección General de Servicios Penitenciarios proporcione un informe detallado sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de Jarick Patrick Steven Farro en el Centro Penitenciario de Najayo Hombre.
En una carta dirigida a la procuradora general, Miriam Germán, y al director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, el segundo suplente del Defensor del Pueblo, Miguel Puello Maldonado, expresa su profunda preocupación por las condiciones en las que se encuentran los reclusos.
"El médico en el penal le causó varias heridas con agujas, causando abundante sangrado, y al ser atendido por el dentista el 10 de mayo de 2024 en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, no pudieron extraer la muela", dice Joselyn Farro. "Según su testimonio, le lastimaron la garganta y la cavidad de la muela; le recetaron un medicamento que no pudo consumir completamente porque no podía tragar."
En una carta al Defensor del Pueblo, Farro detalla que informó a la directora del Centro Penitenciario CCR-XX-20 Najayo, Arelis Uribe, pero que no se tomaron medidas para proporcionarle antibióticos inyectables.
Según Farro, a su hermano se le restringieron las visitas en más de tres ocasiones y "a pesar de su estado grave que le impedía tragar, no permitieron la entrega de alimentos especiales para garantizar su salud". Además, la familia y la Embajada de Holanda (de donde son ciudadanos) no fueron informadas.
Falleció en su segunda visita al hospital
La primera vez fue llevado al Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal el 23 de mayo, acompañado de un custodio, debido a "dolor de muelas y sangrado en la boca". Según el certificado médico, el paciente fue tratado con análisis, hidratación y analgésicos antiinflamatorios.
El hospital recomendó su ingreso, pero el paciente pidió ser dado de alta. Según su hermana, Jarrick quería ser trasladado a una clínica, cuyos gastos serían cubiertos por la familia.
No fue llevado a una clínica, sino al centro penitenciario, donde al día siguiente fue sacado de emergencia nuevamente.
El 24 de mayo de 2024, el paciente fue llevado nuevamente al hospital Juan Pablo Pina, donde se le diagnosticó una odontalgia tratada con analgésicos antiinflamatorios y se le realizaron análisis. Sin embargo, presentó dificultad respiratoria y hemorragia oral, lo que llevó a su fallecimiento.
Finalmente, después de dificultades para reclamar los restos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la familia pudo retirar el cuerpo con la ayuda del Defensor Público el 31 de mayo.
El Defensor del Pueblo informó que antes de entregar el cadáver del fallecido, se le realizaron pruebas para la autopsia.
Ante el incidente, el Defensor del Pueblo considera que la falta de atención médica oportuna constituye una grave violación de los derechos humanos y refleja una falta de humanidad por parte del centro penitenciario. Se exige una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.
También se destaca la situación del ingeniero Víctor Hernández Zamora, quien ha solicitado atención odontológica sin éxito.
Es necesario investigar a fondo esta situación para garantizar el respeto a los derechos de las personas en prisión y evitar tragedias como la vivida por Jarrick en Najayo-Hombre, solicita el suplente del Defensor del Pueblo a la procuradora general.
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