Otra vez, el narcotráfico toca la puerta del poder. Y otra vez, las acusaciones no nacen aquí, sino allá, en los tribunales de Estados Unidos. Porque si no fuera por ellos, ¿alguien en este país habría movido un dedo? Es la justicia norteamericana la que está haciendo el trabajo que nuestras instituciones rehúsan asumir: rastrear el dinero, conectar nombres, exponer la podredumbre que muchos prefieren llamar “errores individuales”.
Cada expediente abierto en Miami o Nueva York revela lo mismo: una política domesticada por el dinero sucio, una clase dirigente que juega a no saber de dónde vienen los fondos mientras las campañas se inflan de billetes sin origen claro. Y cuando estalla el escándalo, llega el guion de siempre: sorpresa, desmarque y silencio.
Pero ya no basta con gestos ni comunicados. La ciudadanía exige que se corte de raíz, que se expulse a todo el que huela a podrido, que se rastree hasta el último centavo que entró al partido por la vía del crimen. Si de verdad hay voluntad, que se demuestre con nombres, no con lamentos.
Porque esto ya se fue de las manos. Cada acusación es una advertencia: o el poder se limpia, o terminará siendo parte del expediente.
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